El documento aborda la relación entre el estado y la educación superior, destacando el conocimiento como un factor clave para el desarrollo y la desigualdad. Se enfatiza la importancia de la regulación estatal para garantizar calidad en la educación, así como la necesidad de una mayor autonomía y flexibilidad en las instituciones educativas para atender la diversidad social. Finalmente, se propone que la educación superior debe adaptarse a las demandas cambiantes del mercado laboral y fomentar la inclusión de grupos marginados.