Este documento establece las normas y roles de las instituciones involucradas en el tratamiento integral de adolescentes infractores de la ley con problemas de consumo de alcohol y drogas u otros trastornos de salud mental. Define las responsabilidades del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, el Servicio Nacional de Menores y el Ministerio de Salud en diseñar programas, supervisar tratamientos y capacitar a los equipos de tratamiento.