La Ley 789 de 2002 reformó la naturaleza jurídica de la relación de aprendizaje en Colombia, estableciendo que ya no es una relación laboral sino de formación profesional patrocinada por empresas. La ley también determinó las obligaciones de las empresas en cuanto al número de aprendices que deben contratar, los apoyos económicos que deben brindarles, y creó el Fondo Emprender para financiar iniciativas empresariales lideradas por aprendices.