Presupuesto 2016 desvinculado de las necesidades de la gente

1. Posición
institucional
Cada vez más se escuchan los tambores de una crisis
que se aproxima, reflejados en el diario vivir de personas
que sufren en carne propia una tragedia humana, por las
deficiencias en los servicios públicos. He aquí algunos
ejemplos encontrados en medios de comunicación:
• “Los 4 mil 243 homicidios ocurridos en el periodo
comprendido entre enero y agosto de 2015 rebasaron las
cifras totales de muertes violentas registradas año por año
entre 2012 y 2014, de acuerdo con el informe mensual
presentado por el Instituto de Medicina Legal (IML).”1
• “Saber que no hay medicamentos cuando uno los
necesita, lo que hace es deprimirlo a uno”. Paciente con
cáncer en Hospital Rosales2
• “Varias familias…manifestaron que habían recibido
amenazas de pandillas…les habían exigido desalojar
en menos de dos horas sus viviendas, porque, de
lo contrario, serían asesinados. Un aproximado de
12 familias decidieron alquilar un pickup o usaron
vehículos propios para empezar a sacar sus cosas. Al
lugar llegaron agentes policiales para que las familias
pudieran sacar sus pertenencias.”3
• “La violencia e inseguridad por la que atraviesa el
país ha obligado a más de 15 mil alumnos a desertar
1 La Prensa Gráfica“En ocho meses se han superado las cifras de homicidios de años
anteriores”, 2 de septiembre de 2015.
2 El Diario de Hoy“Pacientes con cáncer del Rosales sin quimioterapia por escasez”,
27 de marzo de 2015, pág. 36.
3 La Prensa Gráfica“Familias abandonan sus casas por amenazas de pandillas”, 13 de
octubre de 2015.
de las escuelas este año, según las estimaciones del
Ministerio de Educación (Mined).”4
• “Las personas llevaron pancartas donde denunciaban
que sólo reciben aire en sus grifos… Una de las
afectadas,… expresó que no es la primera vez que se
quedan sin agua ya que a principios del año pasaron
cuatro meses sin el líquido.”5
Lo anterior no es más que una manifestación de un proceso
presupuestario que está desvinculado de las necesidades
de la gente. Una de las grandes prioridades para El
Salvador en este momento es la seguridad ciudadana, lo
cual requiere de esfuerzos y recursos para intervenir con
acciones de prevención y de combate a la delincuencia;
sin embargo, a pesar que la recaudación tributaria a 2014
fue US$1,067 millones mayor que la de 2009, los recursos
necesarios no llegan al Estado como consecuencia del
alto endeudamiento, que consumirá US$670 millones en
intereses solo en 2015. La prevención también requiere
inversión social y creación de empleo y, por tanto, de
inversión y crecimiento; pero mientras no se resuelva
el tema fiscal, cualquier esfuerzo de política pública es
insostenible. El endeudamiento incontrolable viene de
un proceso presupuestario viciado y lento crecimiento
económico. El viciado proceso es resultado de la visión
cortoplacista y clientelista en el sistema político electoral
y la polarización, que ha llevado a hacer un fraude a la
Constitución en los presupuestos generales de la nación.
4 El Diario de Hoy“Por segundo año, la violencia obligó a más de 15 mil alumnos a
dejar las aulas”, 17 de octubre de 2015.
5 El Diario de Hoy“Urbanización de Sonzacate lleva tres meses sin agua”, 17 de
octubre de 2015.
PRESUPUESTO2016DESVINCULADO
DELASNECESIDADESDELAGENTE
Octubre, 2015
1

2. 2
El 30 de septiembre de 2015, el Órgano Ejecutivo
presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de“Ley de
Presupuesto General para el Ejercicio Financiero Fiscal del
año 2016”(PP2016), el cual es nuevamente incompleto,
inconstitucional e insostenible, como lo muestran las
tendencias de la deuda pública total, que al 31 de agosto
de 2015 alcanzó US$16,142 millones, o un equivalente a
US$2,498.7 por persona. La presentación de este proyecto
pone a prueba la institucionalidad de El Salvador, dado que
ahora es el turno de la Asamblea Legislativa, para discutir
el presupuesto, modificarlo, y aprobarlo o rechazarlo.
¿Solicitará la Asamblea que se modifique el presupuesto
para que refleje la realidad financiera de los programas y
políticas públicas, o lo aprobará, como se ha hecho en otros
años, sin considerar que esta práctica está llevando al país a
una crisis financiera?
Antecedentes
Por varios años6
Fusades ha señalado las deficiencias del
proceso presupuestario en El Salvador, agudizándose desde
2006, año en el que se adoptó la práctica de presentar
proyectos de ley de presupuesto sin requerimiento de
aprobación de nuevos préstamos, lo cual facilita que la
Asamblea Legislativa lo apruebe por mayoría simple. Esta
práctica se creó, para evadir el requerimiento de aprobación
por mayoría calificada, que se da cuando el presupuesto
6 Fusades. 2014. La necesidad de un ajuste integral ante una situación fiscal grave.
Posición Institucional. Junio de 2014.
Fusades/DEC. 2014. Presupuesto, Letes y los problemas de liquidez. Posición
Institucional No. 44, Departamento de Estudios Económicos. Mayo 2014.
Fusades/DEC. 2014. Sobre el anuncio de nuevos impuestos y la emisión de US$800
milllones para deuda. Posición Institucional No. 42, Departamento de Estudios
Económicos. Mayo 2014.
Fusades/DEC. 2014. Responsabilidad fiscal: gastos públicos recurrentes y su fuente de
recursos. Posición Institucional, No. 41, Departamento de Estudios Económicos. Mayo
2014.
Fusades/DEC. 2013. Presupuesto aprobado 2014: Continúan las fallas y la indisciplina
fiscal. Posición Institucional, No. 37. Departamento de Estudios Económicos. Octubre
de 2013.
Fusades/DEC. 2013. Proyecto de Presupuesto 2014: incompleto y artificialmente
equilibrado. Memorandum Ejecutivo, No. 35. Departamento de Estudios Económicos.
Octubre de 2013.
Fusades/DEC. 2013. ¿Por qué es tan importante que el Presupuesto General de
la Nación 2014 no presente las mismas fallas que el de 2013 y los anteriores?
Memorandum Ejecutivo, No. 34, Departamento de Estudios Económicos. Septiembre
de 2013.
Fusades/DEC. 2012. Proyecto del Presupuesto General del Estado 2013. Memorandum
Ejecutivo, No. 28, Departamento de Estudios Económicos, Fusades. Octubre 2012.
Fusades/DEES. 2010. Ley de Presupuesto 2011. Memorandum Ejecutivo, No. 14.
Diciembre 2010.
presenta nueva deuda (Art. 148 de la Constitución); y debido
a que para algunos años previos, por falta de acuerdos
políticos en la Asamblea Legislativa, los presupuestos se
aprobaron con atrasos, como en 1998, 1999, 2001, 2004
y 2005. Especialmente críticos, fueron los presupuestos
de 1999 y 2004, que se aprobaron con 144 y 182 días de
retraso, obstaculizando así la ejecución de las políticas
gubernamentales, y reflejando la poca capacidad de llegar
a acuerdos por parte de las diversas fuerzas políticas.
En condiciones normales del proceso democrático, se
pueden dar dos posibilidades en el proceso de aprobación
del presupuesto. En aquellas legislaturas en las que el
poder ejecutivo no cuenta con suficiente apoyo legislativo
aumenta la probabilidad de tener dificultades para aprobar
el presupuesto público y para que este salga adelante tal y
como es presentado ante el Congreso por el Ejecutivo (ver el
ejemplo de los cinco casos mencionados). La lógica contraria
se da cuando el Gobierno tiene mayoría en el Parlamento, bien
porque es superior el número de los legisladores de su mismo
partido político, bien porque existe una coalición que le apoya.
En estos casos, el Ejecutivo tiene más probabilidades de sacar
adelante el presupuesto presentado al Parlamento.
Las relaciones Ejecutivo-Legislativo muestran un
“movimiento pendular”que oscila entre contar o no con los
votos necesarios para aprobar sus iniciativas, incluyendo la
del presupuesto. Esta situación se presenta en función de
las mayorías legislativas y de las coaliciones que el Órgano
Ejecutivo ha conseguido formar en el Congreso. A primera
vista, que el Ejecutivo obtenga el respaldo suficiente de
los grupos parlamentarios para aprobar el presupuesto en
tiempo, parece un avance en materia de acuerdos y unidad
de propósitos entre uno y otro Órgano de Estado. Sin
embargo, como se señala inmediatamente, en El Salvador,
los proyectos de presupuesto que se han aprobado en los
últimos años, denotan una serie de irregularidades y, por
tanto, el aval parlamentario contribuye a dar vigencia a un
instrumento legislativo deficiente.

3. Lo anterior denota, a su vez, una omisión muy grave
en la facultad de control legislativo por parte de este
Órgano de Estado. Durante el proceso de aprobación del
presupuesto los diputados tienen la atribución de convocar
a los responsables de su elaboración y a los respectivos
ministros. Asimismo, pueden solicitar la información
que consideren pertinente para comprobar la veracidad
de los ingresos y los gastos proyectados. No hacerlo
impide auditar las cuentas públicas y, en consecuencia,
se omite un deber legislativo que, efectuado de manera
diligente, obligaría a los titulares a incluir en el proyecto de
presupuesto“la estimación de todos los ingresos que se
espera percibir de conformidad con las leyes vigentes a la
fecha en que sea votado, así como la autorización de todas las
erogaciones que se juzgue convenientes para realizar los fines
del Estado”(art. 227 Cn).
La omisión por parte de la Asamblea Legislativa en el uso
de su facultad de control ante el Órgano Ejecutivo, ha
permitido una serie de incongruencias, que se manifiestan
en los presupuestos aprobados, entre las que se encuentran
las siguientes:
• Sobrestimación de ingresos, omisión de partidas
presupuestarias y subestimación de gastos para el
cumplimiento de obligaciones legales del Estado,
para artificialmente balancear el presupuesto para que
no requiera del voto con mayoría calificada; lo cual entra
en contradicción con el Art. 227 de la Constitución, que
manda que se estimen todos los ingresos de acuerdo
con las leyes vigentes, y se autoricen todas
las erogaciones.
• Declaración en las presentaciones oficiales del
presupuesto de una cifra de déficit fiscal que difiere
de la contenida en el proyecto de ley.
• Autorización de emisión de deuda de corto plazo
como un porcentaje de los ingresos corrientes del
Estado, que excede las deficiencias temporales de
ingresos; también en contradicción con el Art. 227
de la Constitución.
• Imposibilidad para evaluar y dialogar sobre la
conveniencia de las asignaciones presupuestarias,
ya que lo que se presenta en el proyecto de ley, no
concuerda con los planes de gobierno, ni con lo
ejecutado en años previos; por ejemplo, entre 2005 y
2015 los presupuestos ocultaron US$1,725.3 millones
en subsidios a transporte público, consumo de gas
licuado y electricidad, lo cual se ha podido verificar
después de la ejecución de los mismos.
• No fueron consideradas las devoluciones de
impuestos, particularmente del IVA y del impuesto
sobre la renta; por ejemplo, en 2015 se presupuestaron
US$4 millones, pero los egresos esperados en
devoluciones para el mismo año son de US$229.4
millones. Esto hace que el Estado gaste más, pues
de acuerdo con la normativa legal, se asigna 6% de
los ingresos corrientes al Órgano Judicial y 8% al
Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las
Municipalidades de El Salvador (FODES).
Rutaparaindisciplinafiscale
incongruenciaconeldesarrollo
La práctica de presentar presupuestos artificialmente
balanceados, ha permitido a los gobiernos abrir una
compuerta para el endeudamiento incontrolable. La manera
que esto se facilita es por la aprobación de emisión de
deuda de corto plazo por un monto equivalente a 40% de
los ingresos corrientes, aunque a partir del presupuesto
2015 bajó a 30%. Sin embargo, tal magnitud sobrepasa
las deficiencias temporales de ingresos que señala la
Constitución, y se estima que no deben pasar del 15%. Al
abrirse esta compuerta, el Estado está en la disponibilidad
de financiar gasto permanente con deuda de corto plazo,
acumulando los saldos de deuda de corto plazo hasta llegar a
un monto inmanejable, y que obliga a emitir deuda de largo
plazo vía Eurobonos, con vencimientos de 10 a 20 años, para
empezar un nuevo ciclo de endeudamiento.
3

4. De acuerdo con la información disponible, El Salvador
ha pasado por cuatro ciclos completos de emisión de
Letras del Tesoro (Letes), que una vez alcanzan un saldo
insostenible a corto plazo, se reestructuran como deuda
de largo plazo con la emisión de Eurobonos; el primero de
estos ciclos culminó en marzo de 2002; luego, los demás
ciclos culminaron en octubre de 2009, diciembre de 2012
y agosto de 2014 (gráfico). Actualmente, al seguir la misma
práctica de aprobación de presupuestos incompletos, el
país se encuentra en un quinto ciclo de endeudamiento,
en el cual, aceleradamente se ha incrementado el saldo de
Letes, llegando a US$672.5 millones al cierre de septiembre
de 2015, por lo que se estima que llegue a su fase final en
pocos meses, pero el gobierno no cuenta, por el momento,
con la mayoría calificada para aprobación de préstamos
adicionales. A pesar de ello, la presentación del PP2016, de
ser aprobado sin mayores modificaciones, estaría llevando a
realizar un sexto ciclo de endeudamiento de corto plazo.
Como consecuencias, se observa un crecimiento desmedido
de la deuda del Sector Público no Financiero (SPNF), que
ha pasado de US$7,990.9 millones (39.7% del PIB) en
diciembre de 2007 a US$14,987.0 millones (59.6% del
PIB) en diciembre de 2014. No obstante, de continuar
este camino, los problemas financieros del Estado se
seguirán agudizando, y esto hará que los programas y
políticas públicas para el desarrollo social y la reducción
de la pobreza, así como la inversión pública, experimenten
dificultades en su financiamiento.
Lasconsecuenciasparalas
políticassocialesyelbienestar
La necesidad de financiar una deuda pública más alta
resta recursos para la inversión en otras áreas, entre ellas
la de desarrollo social. Así por ejemplo, en 2016 dicha
área recibirá US$9.3 millones menos con respecto a 2015,
pasando de US$2,134.3 millones a US$2,125 millones7
. Esto
mismo no es coherente con la aspiración de incrementar la
inversión social todos los años.
7 Estos montos no incluyen el pago a pensiones, y comparan el presupuesto votado
de 2015, con el PP2016.
4
672.4
899.4
866.8 873.8
672.5
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
sep
Saldo de LETES (US$ millones) Dic-­‐2012
Ago-­‐2014
Oct-­‐2009
Mar-­‐2002
Sep-­‐2015
Gráfico.
Ciclos de endeudamiento de corto plazo para financiar gastos permanentes
y no deficiencias temporales de ingresos
Fuente:MinisteriodeHaciendaysistemadenegociaciónbursátil

5. Además plantea la siguiente interrogante: ¿Será suficiente esa
cantidad para cumplir las metas? Comparando el presupuesto
votado por la Asamblea Legislativa con el ejecutado en años
anteriores –es decir, lo gastado- se observa que en el período
2005-2011 y luego en 2013 lo realmente gastado excedió a
lo presupuestado. En otras palabras, la cantidad prevista para
atender las áreas sociales no fue suficiente y en el transcurso
del año fue necesario inyectarle más recursos para cumplir
con los compromisos adquiridos. En 2015 esta situación se
está repitiendo ya que a junio el presupuesto modificado
(US$2,151.1 millones) superaba al votado. Este desequilibrio
es importante de considerar porque afecta negativamente
el bienestar de los ciudadanos; por ejemplo, cuando ante
un quebranto de salud se consulta con un médico, pero no
se reciben medicinas porque los establecimientos de salud
no cuentan con los insumos necesarios para atenderlos;
o los beneficiarios de un programa no reciben los bonos a
tiempo a pesar de estar inscritos; o cuando el Estado no puede
pagarles a proveedores por los servicios que le prestan a través
de pequeños negocios, etc.
La inseguridad ciudadana contrarresta los esfuerzos para
avanzar hacia el desarrollo social y es una de las áreas en las
que el país muestra un pobre desempeño. De acuerdo con el
Índice de Progreso Social 2015, El Salvador ocupa la posición
123 –de 133 países—en cuanto a seguridad personal. Esto
tiene un impacto negativo en la calidad de vida y en el
desempeño de las actividades diarias. Sus efectos permean
incluso el sistema educativo, de manera que en 2014 –según
datos del Ministerio de Educación- una de cada cinco escuelas
reportó la presencia de maras en su interior.
El Presupuesto General de la Nación debe ser un instrumento
que permita el diálogo y la rendición de cuentas sobre
las políticas públicas. No obstante, la forma como está
estructurado no permite determinar cuánto se asignará
a protección social; además, la inversión pública en los
principales programas sociales ha disminuido desde 2012
y es cuatro veces menor que el pago de intereses por la
deuda. En un contexto de restricciones fiscales, además de
garantizar los fondos públicos para sostener la protección
social es necesario mejorar la eficiencia del gasto. En la
medida que la deuda pública continúe creciendo y que
suban las tasas de interés internacionales, habrá menos
recursos para el desarrollo nacional, lo que pone en tela de
juicio la sostenibilidad financiera de los actuales programas.
Deficienciasdelproyectodeley
para2016
El PP2016 presentado a la Asamblea Legislativa plantea los
mismos problemas que previamente fueron señalados en
varias publicaciones8
, repitiendo la continuidad de falta de
disciplina fiscal. Las deficiencias son las siguientes:
• El déficit fiscal presentado por el gobierno a la
Asamblea Legislativa difiere del que contiene el
proyecto de ley. En la presentación oficial se plantea
que el déficit fiscal global del SPNF será en 2016
equivalente a 3.9%, o US$1,064.1 millones; sin embargo,
al revisar el PP2016 y hacer los cálculos pertinentes,
el déficit global del SPNF es de US$485.2 millones,
indicando que el valor de las sobrestimaciones de
ingresos, y las omisiones y subestimaciones de gastos
es igual a US$578.9 millones. ¿Por qué hay dos déficits
fiscales? ¿cuál es el verdadero?
• Sobrestimación de ingresos tributarios cercano
a US$178.9 millones. El proyecto contempla una
recaudación total de US$4,442.3 millones en ingresos
tributarios y contribuciones especiales en 2016, lo
que implicaría un crecimiento de US$ 342.8 millones,
o 8.4%, muy por encima del crecimiento nominal de
la economía de 3.6% según la presentación oficial, y
también del crecimiento de ingresos tributarios en
2015 que se espera cercano a 2.8%. ¿Qué justifica
8 Fusades/DEC. 2015. ¿Qué se debe esperar en el Presupuesto General para 2016?
Posición Institucional No. 53, Departamento de Estudios Económicos. Septiembre
2015. Para una versión más completa, ver también, Trigueros Argüello, Álvaro. 2015.
Lecciones del presupuesto 2015 para la formulación y aprobación del presupuesto
2016. Análisis Económico, No. 22. Departamento de Estudios Económicos.
Septiembre de 2015.
5

6. un crecimiento de 8.4% en los ingresos tributarios?
¿es realista? ¿cómo puede haber disciplina fiscal si se
sobrestiman los ingresos?
• Omisión cercana a US$225.4 millones en devolución
de impuestos. La asignación presupuestaria para
devoluciones de impuestos es de US$4 millones, lo que
no concuerda con la ejecución que se tendrá en 2015 de
US$229.4 millones. Esto permite asignar más recursos
a otros rubros de gasto del gobierno, pero sin contar
con un financiamiento verdadero, ejerciendo presión
sobre el déficit fiscal y el endeudamiento. ¿Cómo se
van a realizar las devoluciones si no se incluyen en el
presupuesto? ¿a quienes ya no se le va a devolver?
• Exceso de asignación presupuestaria al Órgano Judicial
y al FODES, en US$56.7 millones. Lo sobrestimación
de ingresos y la no consideración de las devoluciones de
impuestos para la estimación de los recursos disponibles
del Estado, hace que la diferencia entre ingresos tributarios
brutos proyectados en el presupuesto, versus los ingresos
tributarios netos esperados verdaderamente, llegue a
US$404.9 millones, lo que hace que se asignen US$24.3
millones adicionales al Órgano Judicial, y US$32.4 millones
extra al FODES. Esto conlleva a que el Estado gaste más
de lo que recibe como ingresos, presione al alza el déficit
fiscal, y reduzca recursos a otras asignaciones, como salud,
educación, seguridad, protección social, entre otros.
¿Cómo se espera que exista austeridad si se inflan los
presupuestos de las alcaldías y el Órgano Judicial?
• Falta de asignación de recursos para el pago de
subsidios generalizados. Según el Informe de Rendición
de Cuentas del Ministerio de Hacienda 2014-2015, el
gasto en subsidio a gas licuado en 2015 sería de US$95.2
millones, y para energía sería de US$141.7 millones. Lo
anterior contrasta drásticamente con las cifras incluidas en
el PP2016, de US$54.6 millones para gas licuado y US$66
millones para subsidio al consumo de energía eléctrica. No
obstante, se espera que el gasto en subsidios se reduzca
en 2016 debido a la caída en el precio del petróleo,
las asignaciones no corresponden con las tendencias
observadas hasta el momento. Adicionalmente, el
presupuesto muestra una partida nueva llamada
“Transporte del Futuro para el Área Metropolitana de
San Salvador: Sistema Integrado de Transporte del Área
Metropolitana (SITRAMSS)”, a la cual se le asignan solo
US$100 (cien dólares), lo cual es incongruente con las
declaraciones que se han hecho que existe una tarifa
subsidiada, y claramente hay una subestimación de
dicho gasto. ¿Cómo se espera que el país prospere con
programas clientelares? Si ni a estos programas se le
asignan recursos suficientes ¿cómo se espera que se
asignen recursos a otros que tienen menos rédito político,
pero son más importantes para el desarrollo nacional?
• El proyecto de ley autoriza la emisión de Letes por un
monto hasta el 30% de los ingresos corrientes, muy
superior a lo realmente necesario. El PP2016 reporta
ingresos corrientes por US$4,424.5 millones, con lo cual
la autorización de deuda de corto plazo se extiende hasta
US$1,127.35 millones, pero estimaciones razonables,
llevan a que las deficiencias temporales de ingreso nunca
han superado el 15% de los ingreso corrientes. ¿Hasta
cuándo reventará la burbuja financiera del endeudamiento
público? ¿cuál será su impacto en la sociedad?
El presupuesto de 2016, estimado de acuerdo al proyecto en
US$4,860.8 millones, contiene también la asignación a rubros
específicos, para financiar el gasto público, como educación,
salud, seguridad ciudadana, protección social, pensiones y
otros; sin embargo, con una deficiencia de US$578.9 millones
que no tiene financiamiento, la sostenibilidad de las políticas
y prioridades gubernamentales queda en tela de juicio.
Los problemas que acarrean las prácticas anteriores ya
se refleja en la menor asignación de recursos hacia áreas
estratégicas como la inversión pública, y más asignación
hacia gasto corriente, consistente con clientelismo político,
6

7. como las remuneraciones, y mayores gastos financieros por
el pago de intereses de la deuda pública:
• Reducción de US$24.3 millones en el gasto de
capital del Gobierno Central. Lo votado en 2015 fue
de US$755.4 millones, y lo propuesto en el PP2016 es
de US$731.1 millones.
• Incremento en US$22.85 millones en los gastos
financieros del Gobierno Central, instituciones
descentralizadas y empresas públicas, pasando de
US$631.7 millones en el presupuesto votado de 2015, a
US$654.6 millones en el PP2016.
• Incremento de US$52.9 millones en el gasto de
remuneraciones del Gobierno Central, pasando de
US$1,688 millones en el votado de 2015, a US$1,740.9
millones en el PP20169
.
Consideracioneslegalessobre
elpresupuesto2016
El principio de legalidad es parte de la columna vertebral
del quehacer del Estado. Todo acto de los entes públicos
debe estar acorde con la Constitución y debe estar
enmarcado en el respeto al Estado de derecho. Todo aquello
que se aleje de este principio, debilita la institucionalidad
del país, ya que hace cuestionar la legitimidad de las
actuaciones del Estado.
La elaboración del Presupuesto General del Estado, no es la
excepción. Por lo que, todo presupuesto que se elabore y
se someta a la aprobación de la Asamblea Legislativa debe
respetar la Constitución. En este sentido, debe cumplir
con el Artículo 227 inciso 1 de la Constitución, que manda
al Órgano Ejecutivo a incluir para cada ejercicio fiscal, la
9 Un aumento del salario mínimo tiene poco impacto en el presupuesto, dado que
de 126,781 plazas a tiempo completo en el PP2016, solamente 4 reportan un salario
menor a US$251.00, y en el rango de US$251.00 a US$300.99 hay nada más 721
plazas. Los incrementos se deben más a los escalafones y al incremento de número
de plazas, que en el presupuesto aprobado de 2015 fueron de 125,801, por lo que
habría un aumento de 980 plazas en el Gobierno Central. El área con mayor cambio
de plazas es en el Ramo de Justicia y Seguridad, con un aumento de 842 plazas,
correspondientes a personal de seguridad.
estimación de todos los ingresos que se espera percibir de
conformidad con las leyes vigentes a la fecha en que sea
votado, así como la autorización de todas las erogaciones que
se juzguen convenientes para realizar los fines del Estado. Si
un presupuesto no respeta este principio constitucional, viola
el principio de veracidad presupuestaria.
Por otra parte, el Art. 148 Cn. establece que corresponde a
la Asamblea Legislativa facultar al Órgano Ejecutivo para
que contrate empréstitos, los cuales no podrán aprobarse
con menos de los dos tercios de votos de los diputados
electos. Es decir, que el Órgano Ejecutivo tiene la obligación
constitucional de incluir en el presupuesto además de
todos los ingresos, todos los gastos, a fin de evitar que
se cree un balance presupuestario irreal, de no incluirse
todas las erogaciones que se juzguen convenientes. En
este sentido, se podrá determinar con certeza, si se van a
requerir préstamos para cumplir con los fines del Estado. De
estar ante el supuesto de necesitar préstamos, éstos deben
incorporarse en el Presupuesto y respetar lo estipulado
en el artículo 148 Cn., es decir ser aprobados con mayoría
calificada. De no ser así, estaríamos ante un fraude a
la Constitución, al no respetar mayoría calificada para
aprobación de préstamos y ante un presupuesto que no es
real al sobreestimar ingresos y subestimar gastos, lo cual
conlleva a tener un balance irreal.
Otro aspecto fundamental a señalar es lo establecido en el
Art. 227 inc. 3 Cn., que establece que en el presupuesto se
autorizará la deuda flotante en la que el Gobierno podrá
incurrir durante cada año fiscal para remediar deficiencias
temporales de ingreso. Es decir, que hay una limitante
constitucional que establece un destino específico
para el uso de la deuda flotante. Por lo anterior, es
necesario señalar que si la deuda flotante es utilizada
para suplir deficiencias de ingresos permanentes, estamos
frente a una acción contraria a la que la Constitución
claramente permite, por lo que es un abuso de la figura
constitucionalmente permitida.
7

8. Finalmente, es importante reiterar que el Estado es el primer
obligado a cumplir con lo establecido en la Constitución. Un
Estado que incumple y no respeta la norma primaria, pone
en riesgo su credibilidad y legitimidad ante sus ciudadanos.
Un presupuesto irreal, e inconstitucional, no puede ser el
marco presupuestario que rija el fondeo de las actividades
del Estado. Un presupuesto refleja las prioridades de una
nación, y por ende, debe necesariamente estar enmarcado
en el respeto a la Constitución para no tener ningún tipo
de cuestionamiento de legalidad, ya que de lo contrario no
brinda certeza jurídica, principio fundamental en todo el
quehacer del Estado.
Laleysedebecumplirpara
evitarunatragediahumana
peorquelaqueyaestamos
viviendo
La escasa confianza entre las diversas fuerzas políticas, el
cortoplacismo y la poca capacidad para llegar a acuerdos de
trascendencia nacional y de largo plazo, ha llevado al país
por una ruta de endeudamiento incontrolable que puede
tener graves consecuencias para el desarrollo nacional, que
ya afecta negativamente la vida cotidiana de los ciudadanos
cuando se manifiesta la inexistencia de recursos para atender
las funciones básicas del Estado, como es la de proporcionar
seguridad ciudadana, y servicios sociales básicos, como
salud, educación y protección social.
El deterioro de la situación actual, debe evitarse a toda
costa por medio de acuerdos políticos con visión de largo
plazo, que implique un ajuste fiscal gradual, de tal forma
que el gobierno pueda continuar ejecutando sus programas
sociales y económicos, y que los partidos de oposición
se comprometan a aprobar el financiamiento necesario
para cumplir con esos compromisos. El Fondo Monetario
Internacional es el organismo internacional que puede
prestar su asistencia técnica para la elaboración de dicho
acuerdo, y como referente técnico del mismo.
Por el momento, los funcionarios y los diputados deben honrar
su palabra, habiendo jurado ser fieles a la República, cumplir
y hacer cumplir la Constitución (Art. 235 Cn.), por lo cual no
se puede menos que pedir que la elaboración y aprobación
del presupuesto sea completo y realista, y que cumpla con la
Constitución; de lo contrario están realizando un fraude a los
ciudadanos que los eligieron por medio de elecciones libres, y
están llevando al país a una crisis de lesa humanidad.
En las leyes naturales, como la física, ningún desequilibrio
se puede sostener por tiempo indefinido, siempre llega
el momento de ruptura y crisis, que restablece un nuevo
equilibrio posterior a una etapa de dolor. Como por ejemplo,
cuando una montaña acumula demasiada agua por lluvias y
temporales, eventualmente, el suelo se desprende y ocurre
un gran desastre con lamentable pérdida de vidas y daños
materiales, como ya ha ocurrido alguna vez en este y en
otros países. Vale la pena evitar la tragedia humana que se
nos avista, este es el momento para hacerlo, es necesario que
los responsables hagan con franqueza un acuerdo nacional
por la sostenibilidad fiscal para el desarrollo, le conviene a la
población, le conviene a los mismos partidos políticos y su
legitimidad. Si el presupuesto fuera responsable y real, habría
medicinas en los hospitales, las escuelas contaran con buenas
instalaciones y seguridad, las familias podrían habitar sus
viviendas sin miedo a las extorsiones o asesinatos, habría agua
en los hogares, etc.
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