El documento propone la necesidad de una ley de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en República Dominicana para coordinar y regular la implantación y uso de las TIC en la administración pública, garantizar los derechos de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con el gobierno, y optimizar los recursos del estado relacionados con las TIC. Actualmente existe un marco legal fragmentado sobre estas cuestiones que se beneficiaría de una ley transversal.