Este documento discute los pros y contras de las subvenciones públicas. Explica que las subvenciones son una herramienta importante utilizada por los gobiernos para promover políticas públicas y ayudar a la recuperación económica. Sin embargo, también pueden distorsionar la competencia en el mercado y estimular el "riesgo moral" al desincentivar el trabajo. El documento analiza los diferentes tipos de subvenciones y cuantifica las ayudas públicas otorgadas en España, incluidas las relacionadas con Covid y el Mecan

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SUBVENCIONES: PROS Y CONTRAS.
Manfred Nolte
Se entiende por subvención o ayuda pública toda disposición dineraria realizada por las
Administraciones o Instituciones públicas, nacionales o internacionales, en favor de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sin contraprestación directa de los
beneficiarios. Quien recibe una subvención no tiene que devolver la aportación
económica recibida. Se trata de una donación, una entrega a “fondo perdido”.
En España se regulan en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y normas concordantes.
Bajo el régimen de concurrencia competitiva se considera el procedimiento utilizado
cuando existen varios solicitantes, seleccionando entre ellos sobre la base de una
comparación entre las solicitudes presentadas. Se entiende por concurrencia no
competitiva la concesión de los incentivos, sin que se comparen solicitudes, siempre y
cuando se cumplan los requisitos y condiciones exigidas para ser beneficiario de la
actuación incentivable. Se consideran ingresos imputados al Patrimonio Neto. La Ley
General de Subvenciones obliga a las administraciones públicas a conceder las ayudas
con criterios de igualdad, publicidad, transparencia, objetividad, concurrencia, eficacia
y eficiencia.
Las subvenciones constituyen una de las herramientas más importantes empleadas por
las Administraciones para el fomento de sus políticas públicas. Las ayudas públicas
tienen un enorme potencial para ayudar a que la recuperación económica sea más
rápida, sostenible y duradera, y también para paliar los efectos nocivos de las crisis
económicas especialmente sobre los colectivos más desfavorecidos y vulnerables.
La forma de materialización de las subvenciones es diversa cada una con sus
particularidades para el cálculo del elemento de ayuda:

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Subvención directa: apoyo directo al beneficiario mediante una disposición dineraria o
un instrumento asimilable, como un subsidio a los intereses o una venta o alquiler de
propiedad pública a precios inferiores al mercado. El elemento de ayuda se calcula como
el importe nominal de la medida o la diferencia entre el precio efectivo y el de mercado
en el caso de venta o alquiler de propiedad pública.
Exención fiscal: la ayuda se calcula como reducciones en la base imponible, deducciones
en la cuota tributaria, rebajas en los tipos o en las cotizaciones sociales, etc. El elemento
de ayuda se calcula directamente como el importe que se ahorra el beneficiario.
Diferimiento fiscal: provisión que permite retrasar el pago de impuestos, de forma
directa o indirecta, por ejemplo, con la autorización de una amortización libre o
acelerada. El elemento de ayuda se calcula como el ahorro de intereses que obtiene el
beneficiario mientras dure el diferimiento.
Participación en el capital: constituye ayuda pública si el Estado se adhiere al capital en
unas condiciones de rentabilidad o de riesgo, que no hubieran sido aceptadas por un
inversor con criterios de mercado. El elemento de ayuda se calcula como la diferencia
entre el valor de la operación de capital y el que habría tenido lugar en el mercado.
Préstamo blando: será una ayuda si se conceden a un tipo de interés inferior al de
mercado. El elemento de ayuda se calcula como el ahorro que obtiene el beneficiario en
la amortización y el pago de intereses respecto a las condiciones de mercado. Por ello,
el elemento de ayuda es inferior al importe nominal del préstamo. Si no hubiera
información suficiente, se tomaría el elemento de ayuda como un 15% del nominal del
préstamo.
Garantía: aval prestado por el sector público a instrumentos financieros del sector
privado. El elemento de ayuda se calcula como el ahorro en la prima de intereses, libre
de cargas y comisiones, que obtiene el beneficiario respecto a las condiciones de
mercado. Por ello, el elemento de ayuda es inferior al importe nominal de la garantía. Si
no hubiera información suficiente, se tomaría el 10% del nominal del préstamo. En todo
caso, si la garantía se ejecuta y el sector público debe afrontar pagos o pérdidas de
capital se tendrán en cuenta dichos pagos o pérdidas para el cálculo final del elemento
de ayuda.
La necesidad y eficacia de una política de subvenciones beligerante ha sido clara mente
entendida en España como reacción a las crisis Covid y la derivada de la guerra en
Ucrania. Las políticas de austeridad generalizada aplicadas tras la gran crisis de 2008
causaron paro y pobreza, y la recuperación económica tardó muchos años en llegar. En
España nueve años para el PIB y Dios sabe cuántos años más para recuperar la tasa del
8% en el empleo de 2007. De modo que la reacción fue espectacular. Subvenciones a
destajo tanto con procedencia del presupuesto nacional como del presupuesto
europeo. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo puso en marcha un
despliegue espectacular de donaciones a fondo perdido. La política monetaria laxa
practicada por el BCE ha sido igualmente extraordinaria y eficiente para los propósitos
de la recuperación económica. Y en buena hora.

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La cuantificación de las ayudas es pública y se halla a disposición del administrado en la
página del Ministerio de Hacienda, bajo la rúbrica de ‘Sistema nacional de publicidad de
Subvenciones y Ayudas públicas’(SNPSAP). El importe de las ayudas concedidas desde
2020 asciende a 205.374 millones de euros. La administración central ha concedido el
69% del total mientras que las Comunidades Autónomas han concedido el 26% y las
Entidades Locales el 5%. A 31 de diciembre de 2022 aparecen publicadas en el SNPSAP
22 millones de concesiones.
Las ayudas Covid en España alcanzaron los 123.000 millones de euros. Paralelamente, la
Unión europea creó el plan NextGenerationEU, con el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (MRR) como su principal instrumento de financiación. El MRR asciende a
723.800 millones de euros en subvenciones y préstamos, recaudados por la CE mediante
la emisión de bonos bajo titularidad de la propia Unión Europea. El Plan español se
articula en un conjunto de inversiones a realizar entre 2021 y 2023 financiados con más
de 150.000 millones de euros el periodo 2021-2026, la mitad a fondo perdido. Hasta
finales de 2022 se han publicado 1.864 convocatorias de subvenciones y ayudas públicas
financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Las Comunidades
autónomas han registrado 1.402 convocatorias y el Estado 327. El total concedido
asciende a 12.615 millones de euros.
La bondad de las subvenciones no necesita demostración. Constituye un elemento
básico de política de distribución de rentas y contribuye al sostenimiento de iniciativas
que siendo viables necesitan una financiación transitoria o incluso permanente si
representan interés de orden sistémico o nacional.
Pero al margen de las criticas habituales volcadas sobre el sector público tales como la
escasa equidad o transparencia, la alta carga burocrática de los procedimientos
administrativos, la excesiva documentación requerida, la tardanza en la resolución y
en mayor medida en la llegada de la ayuda, y otras más, las subvenciones encierran
peligros mayores para el eficiente funcionamiento de mercado. En determinadas
circunstancias, las ayudas públicas pueden distorsionar la competencia en los mercados
en contra del interés general.
En el sector empresarial es frecuente aludir a la subvención a empresas zombis o
ineficientes que debilitan el margen y la viabilidad de las verdaderamente eficientes, a
las que sería más importante preservar. En aquellas unidades de producción más
modestas incluida el sector de autónomos que emplean a operarios con retribuciones
próximas al salario mínimo está generalizada la queja de la difícil contratación de nuevo
personal ya que las ayudas que reciben por desempleo y otras desalientan su acceso al
trabajo, donde la renta adicional sobre las subvenciones disfrutadas es mínima, nula o
negativa. En estos casos la subvención estimula y acrecienta el llamado riesgo moral.
Este lamento es particularmente habitual en el sector de la hostelería.
Bruselas vigila este ámbito de subvenciones ilegales o ineficientes y la Comisión nacional
de los mercados y la competencia en nuestro país actúa de guardián de la legalidad.

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Macroeconómicamente los pros de las ayudas superan con creces a las desventajas,
pero el fraude o la picaresca siempre están listas para sacar provecho ilícito de unos
fondos que en última instancia provienen de los contribuyentes.
Subvencionar a las malas es perjudicar a la buenas, un dumping que las hace peligrar.
En casos de salarios bajos reduce el incentivo al trabajo.RIESGO MORAL.