El documento discute la educación inclusiva en Argentina. Establece que la Constitución Nacional y la Ley de Educación garantizan el derecho a la educación de todos los niños y jóvenes. También señala que se requiere repensar las prácticas educativas para asegurar que sean consistentes con las políticas de inclusión. Finalmente, enfatiza la necesidad de reconocer la deuda social con las personas con discapacidad y disminuir la brecha entre los discursos y la realidad educativa en las aulas.