Vuelve el mito (falso) de que las ayudas aplicadas al reflotamiento de las Cajas de Ahorro y posterior privatización son un privilegio al sector que hay que revertir.

1. EL MITO DE LOS PRIVILEGIOS BANCARIOS.
Manfred Nolte
Circunstancialmente se producen cambios decisivos en algunas creencias tenidas
como inmutables hasta un determinado momento. Durante siglos se han tenido
por fantasías las grandes narraciones de la mitología griega. Hoy reconocemos
que estas han desafiado impertérritas el paso del tiempo justamente por lo
contrario, esto es, por expresar verdades intemporales que explican el sentido
último del mundo y del hombre. Los mitos de Sísifo, Orestes, Ícaro o Prometeo
describen enigmas de alcance universal.
Lo contrario sucede con los mediocres mitos actuales, torpes bulos lanzados
desde cualquier plataforma mediática. Revisten mayor peligro los volcados por
formaciones políticas para defender sus respectivas trincheras ideológicas. Mitos
irresponsables o maliciosos que encierran enormes errores, disparates solemnes
que a fuerza de ser repetidos corren el peligro de calar en el tejido social
contaminando el discurso cotidiano. Estos mitos infundados, a pesar del tedio
que ello produce, deben ser desmontados sin vacilaciones.
Levantada con la convocatoria de elecciones generales del 28 de abril la veda para
el incongruente discurso político, resurgen algunas viejas falacias que parecían
ser ya pasto del olvido. Falsa percepción. Por ejemplo, la formación que dirige
Pablo Iglesias acaba de resucitar un mito del que, quizás, esperará copiosos frutos
electorales: revertir los inaceptables privilegios de la casta bancaria. “Vamos a
garantizar que la banca devuelve los millones que ha sustraído de las arcas
públicas. Las familias tienen que pagar hasta el último euro de los préstamos que
contraen y, sin embargo, a la banca de este país se le plantea que les tenemos que
perdonar el rescate”, ha señalado Echenique en una reciente rueda de prensa. La
primera promesa de campaña del equipo morado consiste en que forzarán al
sistema financiero a devolver los 64.098 millones de euros aportados para su
saneamiento en lo más álgido de la crisis, en parte (54.353 millones) aportados
por el Tesoro público y, en consecuencia, por los contribuyentes y el resto (9.745
millones) por el Fondo de Garantía de depósitos.
Las dos primeras precisiones que deben formularse al enunciado genérico
podemita son ya suficientemente concluyentes. La primera es que el saneamiento
se aplicó no a los Bancos sino a las hoy extinguidas Cajas de Ahorros. Malamente

2. cabrá exigir devoluciones a un difunto. La segunda, obviamente, se refiere a que
la reclamación se dirigiría a las actuales entidades financieras operantes en
España, que, si bien han contribuido al reforzamiento de sus balances con
cuantiosos fondos propios, no han dispuesto de un solo euro de los 54.353
millones antes aludidos. Para cerrar el apartado numérico hay que recordar que
5.150 millones han sido ya recuperados y que el Banco de España estima en otros
9.857 millones la cifra potencialmente recuperable.
Pero el desmantelamiento racional del postulado de los antisistema reside en la
restricción mental que está detrás de su reclamación dineraria. Rescatar las cajas
quebradas no ha constituido, en efecto, una discriminación positiva en favor del
referido sector, sino una imperiosa necesidad para evitar males mayores a los
clientes-depositantes de dichas entidades, y, de rechazo, a la estabilidad del
mercado bancario, evitando pánicos irracionales y retiradas masivas de depósitos
que hubieran exigido la implantación de corralitos a la usanza argentina, o a la
aun más cercana, del caso griego. Los rescates nunca se hicieron por amor a las
cajas sino por el imperativo de preservar la integridad sistémica del mercado
financier0, protegiendo en todo momento los ahorros de los depositantes.
El regulador ha entendido hasta el momento presente que debe proteger al
depositante, porque ese ámbito no debe quedar afectado por los avatares de la
mala gestión y porque además posee un ingrediente de alarma social basado en
el contagio y el pánico potenciales que pueden propagarse hacia otras entidades
sanas y contaminar así a todo el sistema.
Esta decisión política traslada el riesgo de los depositantes, sean o no
contribuyentes, hacia los contribuyentes sean o no depositantes. Como efecto
impacto puede ser discutible. Como medida para contener un posible pánico
bancario es inapelable.
La futura normativa europea apunta en una dirección relativamente distinta y
apuesta por dejar quebrar a los bancos, sobre todo si dicho coste es menor que el
de su rescate. Su resultado puede provocar reacciones sociales virulentas.
Recuerden el escándalo de las preferentes y otros capítulos similares.