En medio de las discusiones para acordar un mejor arreglo fiscal para el país, el bienestar de las personas debe ser mejor definido en la agenda. De hecho, debería estar siempre al centro de las preocupaciones y los debates no solo acerca de cómo asegurar la sostenibilidad financiera del Estado, sino también sobre cómo aumentar el crecimiento económico, generar más empleos, fortalecer el Estado de derecho y consolidar la institucionalidad democrática. La ausencia o atención insuficiente a las necesidades de los ciudadanos ha resultado en avances modestos y siempre al borde de la reversión en desarrollo social, a tal punto que en los últimos años se ha incrementado la pobreza, la inseguridad, la emigración --incluso de niños indocumentados y sin acompañantes--, el desplazamiento interno de personas víctimas de violencia, de jóvenes que no pueden ingresar al mercado laboral o seguir estudiando, desempleo e informalidad generalizada.

1. DECIDAMOSENFAVORDELOS
SALVADOREÑOSYELDESARROLLO
DELPAÍS
Posición
institucional
Octubre de 2016
1
Estudios
Sociales
DES
En medio de las discusiones para acordar un mejor arreglo
fiscal para el país, el bienestar de las personas debe ser mejor
definido en la agenda. De hecho, debería estar siempre al
centro de las preocupaciones y los debates no solo acerca de
cómo asegurar la sostenibilidad financiera del Estado, sino
también sobre cómo aumentar el crecimiento económico,
generar más empleos, fortalecer el Estado de derecho y
consolidar la institucionalidad democrática. La ausencia o
atención insuficiente a las necesidades de los ciudadanos
ha resultado en avances modestos y siempre al borde de
la reversión en desarrollo social, a tal punto que en los
últimos años se ha incrementado la pobreza, la inseguridad,
la emigración --incluso de niños indocumentados y sin
acompañantes--, el desplazamiento interno de personas
víctimas de violencia, de jóvenes que no pueden ingresar
al mercado laboral o seguir estudiando, desempleo e
informalidad generalizada.
La situación social se ha agravado
Los resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples, publicados por la Dirección General de
Estadística y Censos atestiguan lo anterior. De 2013 a 2015,
el porcentaje de población en pobreza ha aumentado
de 34.8% a 40.6%, por lo que hay 400,000 personas
más sufriendo esta condición. En total, 2.6 millones de
salvadoreños no pueden o les cuesta cubrir, al menos,
la canasta básica de alimentos sobre todo si viven en
el área urbana, donde el ingreso mensual promedio
de los hogares disminuyó de US$660.9 a US$631.1 al
tiempo que el costo promedio anual de la canasta básica
alimentaria por persona aumentó de US$46.8 a US$53.9
en ese período. Sin duda, el agravamiento de la pobreza
se contuvo gracias a las remesas familiares, cuyo promedio
mensual por hogar creció de US$176.4 a US$192.4. Es
decir, son los salvadoreños mismos y sin mayor ayuda del
Estado, quienes en una acción solidaria con sus familias
y comunidades, han cargado con el peso de evitar que la
pobreza sea aún mayor.
Paralelamente, el número de personas con empleo
informal, que no tienen acceso a seguro médico, ni ahorran
para tener una pensión por vejez, también ha crecido. De
2014 a 2015, la cantidad de personas ocupadas afiliadas
o cubiertas por un sistema de seguridad social público
o privado (salud y pensiones) disminuyó en 6,972. Esto
es preocupante, puesto que apenas 922,793 personas
ocupadas (34.6%) tienen seguridad social. Además, las
oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollarse
y aspirar a empleos formales de calidad siguen siendo
limitadas. Catorce de cada 100 personas de 16 a 24 años
se encuentran desempleadas, y en 2015 se sumaron
8,527 ciudadanos de 15 a 24 años a los 350,150 que no
estudiaban ni trabajaban en 2014.

2. 2
Estos problemas sociales se complican por la inseguridad
ciudadana que afecta la vida de muchas familias y frena el
desarrollo del país. Un informe de Amnistía Internacional
señala que la violencia y falta de oportunidades provocó
que, en 2015, cerca de 22,917 salvadoreños pidieran asilo
en el extranjero, cifra que supone un incremento del 96%
respecto al año anterior. Para agosto de este año, se estima
que 15,987 menores salvadoreños no acompañados
fueron detenidos en la frontera suroeste. A esto se suman
los desplazamientos internos por causa de la violencia
reportados por ACNUR y la prevalencia de una alta tasa de
homicidios, la cual aumentó entre enero y julio de 2016 con
respecto al mismo periodo del año anterior de 58.1 a 59.8
por cada 100,000 habitantes, según datos del Instituto de
Medicina Legal.
Esimperativoponeralaspersonasenelcentro
de las decisiones sobre el rumbo del país
La dura realidad que sufren muchos salvadoreños sigue sin
resolverse con efectividad, lo cual exige revisar la estrategia
de desarrollo y tomar decisiones acerca de su rumbo
poniendo en el centro a las personas y sus familias. En un
contexto de bajo crecimiento de la economía y crisis fiscal,
no hay que descuidar la inversión en el desarrollo social,
sino reorientar mejor los recursos para que efectivamente
contribuyan a mejorar su calidad de vida. Provocar un giro
a la preocupante dinámica social hacia la búsqueda de
prosperidad requiere en este momento:
1. Reconocer que las políticas sociales de asistencia
son importantes pero insuficientes para combatir la
pobreza; por ende, se debe poner más empeño en
mejorar los servicios de educación, salud, pensiones y
promoción del empleo. Esto implica comprometerse
con el logro de metas sociales y reformas que
trasciendan un período de gobierno en favor de
mejorar la calidad de vida de la población.
2. Mejorar la evaluación de los programas, así como la
focalización de los subsidios, a fin de que los recursos
vayan a quienes más los necesitan y contribuyan a los
objetivos planteados de reducción de la pobreza y de
mejorar oportunidades.
3. Atender con responsabilidad y resolver, cuanto
antes, el problema de la creciente deuda pública
y la situación de iliquidez que impiden al Estado
cumplir con los pagos a sus proveedores y sostener
los esfuerzos de inversión que son necesarios y más
efectivos para impulsar cambios significativos en el
nivel de bienestar social.
4. Mejorar la transparencia de la gestión pública y la
rendición de cuentas en el Estado, presentando
presupuestos públicos que incluyan todos los
gastos e ingresos debidamente estimados. Para el
caso, el proyecto de presupuesto público de 2017
debe enmendarse e incluir, entre otros ítems, una
proyección realista de los ingresos y los costos
totales del escalafón de salud, los subsidios, las
pensiones del Instituto de Previsión Social de la
Fuerza Armada y el pago de la deuda del Fideicomiso
de Obligaciones Previsionales que fue omitido
al aprobarse una reforma al Decreto Legislativo
497, la cual es confiscatoria de los ahorros de los
trabajadores e inconstitucional.
5. Hacer un uso adecuado de los recursos públicos con
criterios de transparencia, eficiencia, austeridad y
para los propósitos establecidos en la ley; y, cuando
exista un uso indebido de los mismos o corrupción,
se debe permitir que las instituciones pertinentes
actúen aplicando la ley.
6. Generar las condiciones necesarias para mejorar
el clima de inversión y de negocios e impulsar el

3. crecimiento económico y la generación de empleos,
con el propósito de aumentar la capacidad del Estado
para cumplir sus obligaciones financieras, invertir más
en el desarrollo de las capacidades de las personas
y combatir la pobreza. Para promover la inversión es
importante garantizar la seguridad jurídica y el respeto
a las reglas del juego, facilitar la inversión reduciendo
trámites y burocracia, así como asentar un sector
privado que aproveche las oportunidades de inversión
y provea empleo de calidad.
Frente a las dificultades, el país debe continuar apoyándose
en principios democráticos para superar la inacción en torno
a la superación de la pobreza y las carencias cotidianas de la
población. La participación y la contraloría social permitirían
exigir transparencia por parte de la gestión pública y exigir
presupuestos completos y constitucionales.
Las actuales mesas técnicas de discusión entre el gobierno
y el partido de oposición para dirimir los temas fiscales y
buscar acuerdos en materia de promoción del crecimiento
y el empleo, así como otros espacios de diálogo entre los
partidos políticos, el sector empresarial y la sociedad civil,
representan una oportunidad para colocar los intereses de
las personas en esas discusiones y figuran una plataforma
desde la que podría definirse un nuevo contrato social en el
que la búsqueda del bienestar de los ciudadanos sea el fin
que nos una como Nación.
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