Los estereotipos siempre son simplistas.España no puede tener una presión fiscal como la europea, por las razones que se aducen en el articulo.

1. LA EQUIPARACION FISCAL CON EUROPA.
Manfred Nolte
La cuestión tributaria va logrando adhesiones crecientes entre los titulares de
Derechos Sociales, Hacienda y Asuntos Económicos del Gobierno de España.
Cada uno por su lado, pero con un denominador común: las subidas de impuestos
se imponen, y se imponen ya. Con una justificación a modo de coletilla
presuntamente obvia: acortar distancias con la presión fiscal media de la Unión
europea. Si somos parte de Europa, no hay razón por la que debamos situarnos
en posiciones de cola en materia de contribuir a los ingresos presupuestarios del
país, no es lógico que seamos los remolones del continente a la hora de pagar lo
que se debe al fisco de la nación.
En su comparecencia reciente en el senado la ministra Calviño ha manifestado
que «necesitamos tener un sistema fiscal sólido, adecuado al estado de bienestar
que corresponde a nuestro país, y ello exige abordar el ‘gap’ de ingresos que
España tiene respecto a la media de la zona euro». María Jesús Montero ha
puntualizado que “España es el quinto país con menos ingresos públicos sobre el
PIB de la eurozona – trasMalta, Letonia, Lituania e Irlanda–“, por lo que procede
la equiparación progresiva a la media comunitaria. Un sistema más progresivo,
que en consecuencia será “más democrático” en opinión de Pablo Iglesias, quien
aprovecha para considerarlo asimismo como signo del “verdadero patriotismo”.
Montero concretó que la reforma supone subidas en el IRPF para rentas altas y
en Sociedades para las grandes empresas.
La necesaria equiparación de la presión fiscal en España a la media comunitaria
en su aparente obviedad no deja de asemejarse a un mito. Pero los investigadores
de la mitología difieren en su enfoque: los comparativistas enfatizan las
similitudes mientras que los particularistas tienden a mantener que dichas
similitudes son vagas y superficiales. Las líneas que siguen apoyan este segundo
enfoque.
Siempre debiera comenzarse por lo convergente, por lo que admite consensos
amplios con escasas discrepancias. Nadie debería ausentarse de una masiva

2. manifestación cuya pancarta de cabecera propugnase la extinción de los paraísos
fiscales, el control de la maligna ‘elusión’ de las empresas multinacionales, en
particular la de las “big tech” o la afloración definitiva de la economía sumergida.
Incluyendo estos elementos España recorta posiciones en el ranking de presión
fiscal. España recauda menos que la media de la Unión Europea porque tiene más
del doble de paro, empresas mucho más fragmentadas y menos eficientes y más
economía sumergida. Primera diferencia capital.
La siguiente consideración hace referencia a la bondad y conveniencia de los
rankings. La presión fiscal media de la Unión europea en 2018 era, según
Eurostat, del 40,3%, cinco puntos por encima de la española (35,4%). Nuestro
país es el undécimo país de la UE con menor presión fiscal (de un total de 27) y el
octavo si se tiene en cuenta sólo a los 19 de la eurozona. Cierto, si abstraemos de
los argumentos de peso citados en el apartado anterior. Pero, a su vez, nuestro
porcentaje está por encima de la media de la OCDE (34,3%), siendo la OCDE un
conglomerado de países más dilatado y representativo de las dispersiones
regionales de renta en el planeta. Adicionalmente existen países en el mundo que
pueden considerarse referencia de cualquier economía y por lo tanto también de
la española que mantienen niveles de presión similares a los nuestros. Por
ejemplo, Reino Unido (34,9%) o Portugal (37%). Otros, no menos desarrollados
ni desaconsejables como espejo en el que mirarse tienen incluso porcentajes
inferiores: Estados Unidos (26%), Japón (30,6%), Australia (27%), Canadá
(30,8%), Suiza (28,1%), Israel (31%) o Países Bajos (38%).
Y es que hay un ingrediente de índole psicológico que juega un papel importante
en la ausencia de economía sumergida y en la voluntad de contribuir
honradamente a las obligaciones fiscales por parte de los ciudadanos. Está en
relación con la percepción del desempeño de las Administraciones públicas y en
última instancia de la percepción de la corrupción en el país. La sensación
percibida de la eficiencia y honestidad del Estado difiere radicalmente entre un
danés y un mexicano. “Do ut des.” Dinamarca encabeza el índice de transparencia
en el mundo -las administraciones publicas menos corruptas- mientras que
México ocupa el lugar 130. España ocupa la posición 30 entre los 180 países
estudiados, en el puesto número 13 entre los 28 países de la Unión
Europea. Percepción de la corrupción y presión fiscal se hallan necesariamente
correlacionados. El principio básico de la legalidad tributaria: ‘ningún impuesto
sin representación’, reconocido de forma universal como el fundamento del
Estado democrático no es ajeno a la percepción de la ciudadanía en la
representación democrática que tienen los impuestos que se le practica.
Y una observación final. Ahora que todos somos keynesianos honremos al sabio
de Cambridge. Se levantaría de su tumba si oyese que en lo más álgido de la crisis
algún gobierno pretende subir impuestos.