El tribunal constitucional alemán ha declarado la falta de proporcionalidad en el programa de compra de títulos acometido por el Banco Central europeo:un verdadero choque de trenes.

1. NUESTROS AMIGOS DE KARLSRUHE.
Manfred Nolte
“¿Quis custodiet ipsos custodes?” es la célebre pregunta del poeta romano
Juvenal, que puede traducirse libremente como “¿Quién controlará a los
guardianes?”. Introducción obligada, porque aparte de un insólito desafío a la
autonomía judicial y jurisdiccional europea asistimos por parte de la máxima
instancia constitucional alemana (BVerfG) a una deleznable manifestación de
despecho al proyecto común de la eurozona. Veamos.
La popular rogativa “que Dios me libre de mis amigos, que de mis enemigos ya
me libraré yo” es un pozo de sabiduría. Al igual que en las contiendas bélicas
desmoralizan más las bajas producidas por el fuego amigo, en la vida real, en
nuestro caso en el actual convulso escenario económico se soporta malamente
que los conflictos surjan de entre las filas de nuestros aliados, de aquellos que se
supone que forman con nosotros una familia común, un propósito de objetivos
convergentes.
Las líneas que siguen y los conceptos subyacentes harán bien en ser sometidos al
mejor criterio de sesudos constitucionalistas, si es posible dotados de un
aceptable sentimiento pro europeo. Pero mientras llega dicho momento hay
espacio para alguna dosis de presunto sentido común. Si aquel prevalece sobre
este, en malas posadas dormimos.
Primero, los hechos: Cómo está operando el Banco Central Europeo (BCE) y qué
ha dictaminado al respecto el Tribunal Constitucional alemán (BVerfG) con sede
en Karlsruhe. Luego, la reacción que suscita el fallo del BVerfG.
¿Cómo funciona el BCE?
El BCE es una institución independiente de derecho comunitario cuyo objetivo es
velar básicamente por la estabilidad de los precios, si bien el artículo 127 del
Tratado de funcionamiento de la Unión europea (TUE) señala que: “apoyará las
políticas económicas generales de la Unión con el fin de contribuir a la realización
de los objetivos establecidos en el artículo 3 del TUE”. Aparte otras funciones de

2. supervisión bancaria, regula la liquidez del sistema financiero y a partir de 2015
ha iniciado un programa de compra de bonos en el mercado secundario (‘PSPP:
Public Sector Purchase Programme’) cuyo objetivo es buscar el equilibrio y la
transitividad de los tipos de interés de los bonos soberanos dentro de la eurozona.
El PSPP también es conocido con el nombre de ‘relajación cuantitativa’
(‘Quantitative leasing’). La validez jurídica del programa PSPP fue rubricada por
la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE), en sentencia de diciembre de
2018. Hay que destacar que cuando citamos el PSPP no hablamos de pequeñeces:
El BCE lleva camino de comprar bonos por valor de 1,1 billones de euros en 2020,
con el objetivo de elevar el importe hasta los 4 billones para contribuir
excepcionalmente a la lucha contra la pandemia de coronavirus.
¿Cuál ha sido la actuación del BVerfG?
A instancias de múltiples demandantes, entre ellos el partido antieuropeísta
‘Alternative für Deutschland’, el 5 de mayo pasado, el Tribunal Constitucional
Federal de Alemania ha emitido una resolución sin precedentes por la que el
Gobierno y el Parlamento federal habrían violado la constitución alemana al no
controlar adecuadamente el Banco Central Europeo y, en particular, su programa
de compra de activos (PSPP). No tacha la actuación de ilegal pero sí de
desproporcionada y como tal, en principio, debe ser revertida. En consecuencia,
el BVerfG da un plazo de tres meses al BCE para justificar la proporcionalidad
del programa de compra de deuda pública bajo la amenaza de prohibir en los
sucesivo al Bundesbank el acceso a futuros programas de compra, debiendo
deshacerse de las posiciones incurridas, que para conocimiento general, son las
más abultadas de todo el sistema europeo de bancos centrales.
No termina ahí la cosa. El BVerfG argumenta que en manera alguna está obligado
por el arriba citado fallo de diciembre de 2018 del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) sobre el mismo asunto, porque ese Tribunal habría violado
gravemente los métodos de interpretación legal al no aplicar correctamente el
‘principio de proporcionalidad’ de la UE. Como resultado, el Tribunal alemán
considera que la decisión del TJUE europeo no es vinculante.
Vayamos con las conclusiones, unas de índole económica y otras de naturaleza
jurídica y política.
Resulta innegable que el programa PSPP esconde una subvención, desborda el
ámbito estrictamente monetario para incurrir en una modalidad larvada de
política fiscal. Comprando títulos de los estados en el mercado secundario de
forma masiva -incluso saltándose los límites del 35% por país- el BCE rebaja los
tipos de los títulos incurriendo en una subvención. Cada punto de recorte le
supone al tesoro español una ayuda anual de cerca de 12.000 millones de euros.
Nosotros hemos censurado de forma repetida en el pasado la política de tipos
bajos del BCE, porque crean riesgo moral en los países emisores y castigan a los
ahorradores, aseguradores y pensionistas del sistema favoreciendo a los
deudores, en particular a los estados soberanos. ¿Por qué ahora el viraje en el
juicio? Porque es justo afirmar que ‘c’est la guerre’, la justificación general que
todos los contendientes utilizaron durante la segunda guerra mundial. La
gravedad de la situación actual justifica la excepcionalidad y radicalidad de las
medidas utilizadas para su reversión.

3. Dejamos a los juristas la última palabra del conflicto jurisdiccional surgido, pero
parece de Perogrullo que el BCE tiene que responder solamente ante el
Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), y no estar
esperando a ver qué dice el Constitucional de cada uno de los 19 Estados de la
Eurozona. No debe el BCE adoptar una posición activa en la resolución del
conflicto legal ya que ello implicaría la aceptación de la jurisdicción alemana para
su actuación, con lo que destruiría además su independencia. La pelota descansa
sin duda en el Bundesbank alemán, en el Gobierno de la señora Merkel y en el
Bundestag, que son, como se ha dicho, los acusados directos. Entretanto el BCE
ha manifestado ‘tomar nota’ de los hechos y el TJUE ha publicado un lacónico
mensaje recordando que “es el único competente para declarar que un acto de
una Institución de la Unión es contrario al Derecho de la Unión”.
Como resultado de lo anterior el flanco político ha resultado seriamente dañado.
Lo ha subrayado el presidente del Bundestag Wolfgang Schäuble, al indicar que
si cada Tribunal constitucional de cada país miembro cuestiona el acervo
comunitario, la que está verdaderamente amenazada es la existencia del euro.