MDJ-305 - Presentación Juez de Paz Municipal Curso Procedimientos Penales del Juez de Paz II (AJP)

Curso Procedimientos Penales del
Juez de Paz II
© Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
Docentes:
- Evelyn Torres Nova
- Luis Borges Carreras Muñoz
Juez de Paz Municipal

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Los Juzgados de Paz Municipales fueron creados mediante la
Ley No. 58-88 de fecha 5 de mayo de 1988, se establecieron
con la finalidad de agilizar el conocimiento de los casos de
naturaleza municipal, ya que los Juzgados de Paz Ordinarios
acarreaban con esta competencia, trayendo como
consecuencia un gran cúmulo de trabajo en estos últimos
tribunales y por consiguiente un retardo en la
administración de justicia en este sentido. Este hecho unido
al gran crecimiento demográfico del país hizo necesaria la
creación de los Juzgados de Paz municipales, los cuales
desde sus inicios pasan a ser los tribunales de derecho común
para conocer los asuntos atinentes a la municipalidad.
Aspectos Generales

A lo anterior se unió el hecho de que las autoridades
gubernamentales tenían la imperiosa necesidad de que
las personas residentes en sus respectivos municipios
puedan cumplir con efectividad las obligaciones y
deberes que les imponen las leyes, ordenanzas,
reglamentos y resoluciones emanadas del Gobierno
Municipal (Ayuntamientos), pero sobre había la
necesidad de que las personas que necesiten dirimir un
conflicto de esta índole puedan encontrar una
respuesta pronta y oportuna a sus casos, lo que se
tornaba difícil cuando la competencia era asumida por
el Juzgado de Paz Ordinario debido al cúmulo de
trabajo existente en estos tribunales.
Aspectos Generales

Esto significa que estos tribunales fueron creados específicamente
para conocer de todas las infracciones a las leyes, ordenanzas,
reglamentos y resoluciones municipales. Son tribunales de
carácter especial y las infracciones que conocen son los
denominados delitos, por ello son considerado tribunales
excepcionales. En la actualidad existen nueve tribunales
municipales en el país, los cuales fueron creados mediante las
siguientes leyes: La Ley 58-88, que creó primero en Santo
Domingo; luego la Ley 35-91, que creó los cuatro siguientes:
Herrera, Los Mina, Boca Chica y Villa Mella. Luego de la división
territorial de la ciudad capital con la Promulgación de la ley 163-
01 estos Juzgados de Paz pasan a formal parte de la jurisdicción
de la Provincia de Santo Domingo. La ley 27-93, que creó el de
Santiago; la Ley 15-96, que creó el de La Vega; la Ley 16-96 que
creó Bonao; la Ley 17-96 que creó el de San Cristóbal.
Aspectos Generales

La Ley 58-88 confiere facultad a los
Juzgados de Paz para asuntos
municipales para conocer todos los
asuntos de orden municipal que hasta
ese entonces eran competencia de los
Juzgados de Paz Ordinarios (ver art. 2
Ley 58-88).
Competencia

Actualmente los Juzgados de Paz Municipales, no solo
conocen asuntos municipales, sino que también se les
ha sumado otras competencias de la materia penal y
que se corresponden con la justicia de paz, esto ha
sido a partir de la implementación del Código
Procesal Penal (Ley 76-02), ya que esta norma
establece la competencia de los Juzgados de Paz
Municipales en su artículo 75, pero en ninguno de sus
articulados estableció el procedimiento a seguir para
el conocimiento de las infracciones, significando esto
entonces que se debe seguir el procedimiento
ordinario, es decir el procedimiento común en dichas
materias.
Competencia

La Suprema Corte de Justicia regula la situación y emite la Resolución
No.295-2005, con la finalidad de adoptar en los Juzgados de Paz las
nuevas disposiciones establecidas en el Nuevo Código y poder hacer
posible que el mismo sea implementado ante la Justicia de Paz. Esta
regulación trajo como consecuencia que en algunos Departamentos
Judiciales, la Corte de Apelación al ejecutar dicha resolución, estatuye
asignando labores propias de los Juzgados de la Instrucción a algunos
Juzgados de Paz Municipales, y asignando las labores de conocimiento
del fondo de dichos procesos a los Juzgados de Paz Ordinarios, para
unos casos, y para otros, la designación de los suplentes para el
conocimiento del fondo, es por ello que se ve que en un supuesto
Juzgado de Paz Municipal ahora se ventilen asuntos atinentes al
tránsito vehicular, riña, pero sin que esto signifique que los mismos
han perdido su especialidad, la cual todavía se conserva, ya que la Ley
176-07 reedifica la competencia de estos tribunales asignándole
incluso otras nuevas funciones.
Competencia

En aquellos municipios donde no existan
Juzgados de Paz Municipales, serán
competentes los Juzgados de Paz Ordinarios
para conocer de dichos asuntos.
Excepción

El Municipio. Definición.
El municipio esta integrado por un conjunto de familias
que viven alrededor de un centro común, siendo uno de
los círculos interiores que integran al Estado. Es una
entidad política autónoma, subordinada al orden
jurídico del Estado, cuya finalidad es el bien común
local.
El Ayuntamiento y sus Funciones.
Es la representación oficial del municipio, cuyas
atribuciones son: deliberar los asuntos de índole
municipal, así como administrar y gobernar los
municipios.
Conceptos

Pared Medianera.
Es el muro que divide dos partes colindantes, construido en la
parte limítrofe de las edificaciones.
Pared frontal.
Es la Edificación construida en frente de una estructura y
constituye su fachada. Debe tener armonía arquitectónica, rasgos
urbanísticos y ornato. La pared frontal de una construcción cualquiera,
debe guardar la distancia requerida por la ley, desde la fachada hasta
la alineación de la calle o avenida, según el sector.
Propiedad colindante.
Se denomina propiedad colindante a toda estructura contigua
a otra, y que tenga lindero común por uno de sus laterales.
Conceptos

Construcción ilegal.
Toda obra erigida sin haber obtenido la licencia de construcción
correspondiente, previo el pago de los impuestos requeridos a las autoridades
competentes (Ayuntamiento del Distrito Nacional y Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones) o cuando aún obtenida la licencia, la construcción
no se ajuste a los planos aprobados.
Área verde.
Es el espacio libre, destinado a la recreación de los residentes en un edificio o
sector, o zonas de embellecimiento y ornato que resaltan o adornan la
urbanística del entorno, ejemplo canchas de juego, jardines, entre otros.
Área común.
Es el espacio destinado para el uso de todos los condómines de un edificio,
con igualdad de derecho al usufructo. Por lo general dichas áreas sirven para
el mantenimiento óptimo de la edificación, tales como: servicio de tendido de
ropas, cisterna, parqueos, etc.
Conceptos

Las principales atribuciones del Juzgado de Paz Municipal están
basadas en el conocimiento de las violaciones a varias
disposiciones, que pese a que las mismas se encuentran en
estado de dispersión es preciso señalar, de entre ellas, las más
importantes y las de más común conocimiento en dicho
tribunal, tal es el caso de:
•
La Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios (objeto
de análisis del presente curso).
•
La Ley No. 675 del 14 de Agosto de 1944 sobre Urbanización y
Ornato Público.
•
La Ley No. 687 del 27 de julio de 1982, que crea un sistema de
elaboración de reglamentos técnicos para preparación y
ejecución, relativos a la Ingeniería y Arquitectura y Ramas
Afines.
Principales Leyes Municipales

 Ley 6232 De Fecha 25 De Febrero De 1963, Que Establece Un
Proceso De Planificación Urbana
 Ley 5150 Del 3 De Junio De 1959 Que Crea La Dirección General
De Edificaciones E Introduce Algunas Modificaciones A La Ley
675.
 Ley 1728 Sobre Enterramiento De Tanques De Combustibles, Del
9 De Junio De 1948.-
 Resolución 28/66 de fecha 15 de junio de 1966 sobre
Construcción, Instalación y Operaciones de establecimientos
destinados al expendio de gasolina y otros combustibles de
naturaleza similar.
 Ley 317-72 que Reglamenta la Instalación de Estaciones de
Servicios o Puestos para el Expendio de Gasolina.
 Ley 120-99 sobre Basura
Principales Leyes Municipales

Esta ley instituye un sistema de regulación
urbanística, zonificación y ornato en
relación a las edificaciones que se erigen en
el país, tiene como finalidad principal el
ordenamiento de la ciudad. En su artículo
uno se establecen los requisitos para las
urbanizaciones (zonificación, edificación,
trazados de vías, paisajes y recreos,
reglamentaciones, etc.)
Ley 675-44 sobre Urbanización y
Ornato Público

La infracción mas común que se contempla en esta
ley es el delito de violación de linderos, previsto en
el articulo 13 de la indicada ley, no obstante
también es frecuente que se realicen sometimiento
atinentes a otros aspectos de la indicada ley, tal es
el caso de la construcción ilegal por el no pago de
los arbitrios al ayuntamiento, o por no ajustarse a los
planos aprobados por la oficina correspondiente,
previsto en el articulo 42 de la norma.
La sanción a los mismo se encuentra contemplada en
el artículo 111 de la citada Ley.
Ornato Público

A la Ley 675 sobre Urbanización y Ornato Público se les
han anexado numerosos apéndices, que se encuentran
regulados en otras disposiciones legales y que se unifican
a la misma dado la similitud de los ámbitos de
reglamentación, tal ejemplo lo podemos ver en las
disposiciones de los artículos 653 al 685 del Código Civil,
los cuales aún cuando son de carácter civil, son conocidos
como infracciones de violación de linderos, ya que son
considerados apéndice de la ley y por ende su
conocimiento pertenece al Juzgado de Paz Municipal.
Ornato Público

Aunque se cuestiona la competencia del Juzgado de Paz Municipal
para conocer de esos asuntos, la realidad es que nuestra Suprema
Corte de Justicia le ha dado el viso de legalidad a dichas
actuaciones, toda vez que cuando se ha cuestionado la competencia
del tribunal en ese sentido se pronunciado asumiendo la misma, por
considerar que válidamente dichas disposiciones son apéndice del
artículo 13 de la ley 675, aunque a nuestro entender esto no sea
propio, dado que el legislador no ha previsto que dichas disposiciones
se lleven al ámbito de lo penal y sólo a él le esta reservado este
derecho, pero no obstante, reitero que en los Juzgados de Paz
Municipales se juzga conforme a lo enunciado, esto así porque
nuestra Suprema Corte de Justicia ha admitido como bueno y válido
que dichas disposiciones constituyen un apéndice de la citada Ley
675.
(Ver decisión SCJ de fecha 23 de julio de 2003)
Ornato Público

Otro procedimiento que resulta interesante destacar de los contenidos en esta ley lo
constituye el establecido en los artículos 29 y 30, los cuales establecen lo atinente a
las edificaciones consideradas peligro publico, estorbo publico y lesivo al ornato,
estableciendo además el procedimiento a seguir para considerar estas situaciones,
así como las medidas a tomar de constatarse las mismas. En ese sentido la ley
entiende por:
Peligro Público: Todo edificio obra o construcción que presente una amenaza para la
seguridad de sus moradores y vecinos, de los transeúntes o cualesquiera otras
personas y que por esto mismo requiera su destrucción total o parcial.
Estorbo Público: Todo edificio, obra o construcción que obstaculice el desarrollo
urbanístico o construcción de una ciudad o población de un sector determinado de
esta y que por esto mismo requiere a su destrucción total;
Lesivo al Ornato: Todo edificio, obra o construcción que menoscabe la belleza o el
desarrollo urbanístico de una ciudad o población de un sector determinado de esta y
que por eso mismo requiera su demolición parcial o modificación en un fachada o en
su estructura.
Ornato Público

Se dispone en el artículo 30 que la autoridad competente para indicar
que una edificación es de peligrosidad o estorbo público, así como al
ornato, lo es el Sindico del Municipio o los jefes de los Distritos
Municipales y que estos deben colocar en el frente de la
edificación un cartel que indique expresamente tal circunstancia.
En ese tenor, este pronunciamiento de la autoridad Municipal es
una condición indispensable para que el Juez pueda producir una
sentencia ordenando el desalojo y demolición o destrucción de
dicho Edificio.
Debo indicar que esta particularidad sólo se da cuando se trata de
una construcción que sea considerada de peligro público, lesiva al
ornato o de peligrosidad para la comunidad, donde se requiere esta
participación directa del Gobierno Municipal, en los demás casos las
partes pueden actuar por sí solas y el Juez queda apoderado en virtud
de esa solo querella si así fuere.
Ornato Público

Las sanciones previstas en la Ley 675 se encuentran contempladas en
el articulo 111 de la misma y dispone que las personas infractoras a la
ley serán condenadas a una multa de RD$20.00 a RD$500.00 o con
prisión de veinte días a un año o con ambas penas a la vez, según la
gravedad del caso, cuando no haya obtenido la licencia de
construcción correspondiente o cuando, aun obtenida la licencia, la
construcción no se ajuste a los planos aprobados. Cuando no haya
obtenido la licencia, la sentencia condenará además, al pago del
doble de los impuestos dejados de pagar y al pago del doble de la
suma que hubiere costado la confección de los planos
correspondiente.
Ornato Público
Sanciones

Esta ley deroga y modifica varios artículos de la Citada Ley
675, el principal objetivo de creación es el Establecimiento
del Sistema de reglamentación técnica que garantizan la
seguridad de la estructura, los requisitos de
habitabilidad, la preservación de la ecología y demás
normas relativas a las obras de transporte y
edificaciones.
Esta norma en sus artículos 17 y siguientes estatuye las
medidas de seguridad, y al efecto establece competencia a
la Secretaría de Estado de Obras Públicas y
Comunicaciones para ordenar la suspensión de toda obra
en ejecución que incurra en una de las siguientes
violaciones:
Ley 687 de 1987
Que crea un sistema de elaboración de reglamentos técnicos para
preparación y ejecución, relativos a la Ingeniería y Arquitectura y Ramas
Afines.

a) Que no se ajuste a las disposiciones establecidas en los
Reglamentos que expida el Poder Ejecutivo;
b) Que no esté provista de la correspondiente autorización o
licencia;
c) Que no se encuentre bajo la vigilancia responsable de un
director o encargado;
d) Que no se ajuste al proyecto aprobado;
e) Que de alguna forma se haya obstaculizado o impedido la
inspección o cualquier otra función del personal autorizado
por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y
Comunicaciones.
Ley 687 de 1987
Afines.

En el artículo 18 de la citada ley se le confiere
además la facultad para ordenar la clausura
total de la obra cuando:
1.- La misma constituya un atentado contra la
seguridad pública (ver art. 29 y 30 de la Ley
675);
2.- Cuando se trate de una obra terminada que no
se ajuste al proyecto aprobado o que, por
dársele un uso diferente al autorizado,
perjudique la seguridad o el ornato público;
Ley 687 de 1987
Afines.

Como se puede observar las disposiciones contenidas en
esta ley se corresponden con el contenido de la ley 675,
específicamente con lo dispuesto en los artículos 36 y
111 de la indicada norma. Observándose entonces que
no sólo el juez de Paz Municipal tiene competencia para
ordenar la paralización o suspensión de la obra, ya que
tanto el Ayuntamiento como a la Secretaría de Estado de
Obra Pública, también se le atribuye dicha facultad,
bajo los presupuestos anteriormente enunciados, fuera
de éstos la competencia es del Juez de Paz Municipal,
aunque también hay que señalar que el Juez sólo lo
puede ordenar cuando exista acusación o querella en
contra del autor, ya que el juez no puede actuar de
manera extrajudicial.
Ley 687 de 1987
Afines.

El artículo 23 de la Ley contempla las sanciones a las
infracciones a la misma, así como en los reglamentos
que se expidan para ejecución de la misma,
estableciendo en ese sentido multa de 3 a 6 por ciento
del monto total de la obra, conforme a tasación hecha
por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y
Comunicaciones a través de su departamento
correspondiente, o prisión correccional de 10 días a 6
meses o ambas penas a la vez, según la gravedad del
caso.
Ley 687 de 1987
Afines.
Sanciones

En caso de que Obras Públicas aún no haya realizado la tasación de la obra,
requerimiento indispensable para imponer la multa, como la ley no establece
que hacer en este presupuesto, el Juez debería poder ordenar la misma a
través de una liquidación por Estado.
Por su parte el artículo 24 estatuye la Responsabilidad Penal de las Personas
Morales en este tipo de infracción y al efecto dispone que las penas, cuando la
infracción sea cometida por una persona moral, recaerá en la persona del
Presidente, su administrador o al funcionario que fuere su representante legal.
Este artículo contempla además que cuando no se haya obtenido la licencia, la
sentencia condenará además, a pagar el doble de los impuestos establecidos
por la ley, en la Colecturía de Rentas Internas o en la Tesorería Municipal
correspondiente, que pondrá a disposición de los respectivos Ayuntamientos la
parte de los Impuestos a que tienen derecho, de conformidad con el artículo 42
de la ley 675.
Ley 687 de 1987
Afines.

Esta ley crea la Oficina de Planeamiento Urbano, dependientes de los
Ayuntamientos, cuyas atribuciones se contemplan en el artículo 5 de la
citada ley, las cuales incluyen entre otras las siguientes:
1.- Confeccionar los proyectos municipales de carácter urbanístico;
2.- Mantener al día el plano de cada una de las poblaciones bajo su
jurisdicción;
3.- Revisar y controlar el aislamiento, habitabilidad, estética y
demás aspectos funcionales de todos los proyectos de
edificaciones, urbanizaciones, encauzando los demás trámites
requeridos para su aprobación de conformidad al reglamento que
se dicte;
4.- Determinar las áreas que deban ser objeto de remodelación y
confeccionar los proyectos correspondientes;
5.- Promover la rehabilitación de los barrios que así lo ameriten,
entre otras.
Ley 6232 de 1963
Que establece un proceso de planificación urbana

Además de las funciones anteriormente citadas se le
atribuyen a dicha oficina, conforme al artículo 8 de la ley,
la función de emisión, previa revisión y declaración de
conformidad con las leyes y requisitos vigentes, de todos
los permisos relativos a cualquier tipo de construcción,
reconstrucción, alteración, ampliación, traslado,
demolición, uso o cambio de uso de edificios y estructuras;
con el uso o cambio de uso de terrenos; con la instalación
o alteración de rótulos o anuncios, así como de cualquiera
otro aspecto relacionados con los planes de zonificación.
Ley 6232 de 1963

Por otra parte en el artículo 11 de la ley se dispone que en caso de que
las partes no estén de acuerdo con los juicios emitidos sobre algún
proyecto por la Oficina de Planeamiento Urbano, éstas pueden apelar
por ante los Ayuntamientos respectivos, a la Junta Nacional de
Planificación y en última instancia a los Tribunales Ordinarios de
Justicia.
Esta litis que se puede suscitar de aquí sin embargo por no tratarse de
una violación a resolución, reglamento o disposición dictada por el
Ayuntamiento, su conocimiento no corresponde al Juzgado de Paz
Municipal, sino que como es un desacuerdo respecto de una disposición
administrativa emanada del Ayuntamiento, específicamente la Oficina
de Planeamiento Urbano, su conocimiento corresponde al Tribunal
Contencioso Administrativo.
Ley 6232 de 1963

En definitiva la Oficina de Planeamiento Urbano se encarga de
que previo a la urbanización de un terreno se establezcan los
planos correspondientes, haciendo constar en ellos, todas y
cada uno de los requisitos establecidos en la ley, tales como
son los trazados de vías, la formación de manzanas,
alcantarillados, con la finalidad de que las construcciones sean
erigidas con precisión y armonía. Se encarga además de
confeccionar todos los proyectos urbanísticos, así como la
revisión y control de todos los proyectos sometidos a estos
fines, a fin de determinar si los mismos se ajustan a los planes
de zonificación previstos por la ley;
Ley 6232 de 1963

Aprobados estos planos, la parte interesada debe
erigir la construcción apegados a ellos, de lo
contrario sería pasible de una demanda por
Construcción Ilegal. Esto implica entonces que toda
construcción que se levante sin la obtención de
estos permisos, se presume ilegal y es pasible
entonces de que sea sancionado por el artículo 42 y
111 de la ley 675.
Ley 6232 de 1963

En definitiva hay que señalar que a la Dirección General
de Planeamiento Urbano le corresponde la aprobación
de la primera fase para la obtención de la licencia de
Construcción de cualquier edificación, y la segunda fase
como vimos anteriormente corresponde entonces al
Ministerio de Obras Públicas, significando entonces que
las partes deben haber aprobado sus planos y obtenido
los permisos correspondientes en ambas oficinas, tanto
en Planeamiento Urbano del Ayuntamiento, como en la
Ministerio de Obras Públicas, sin que uno sea
excluyente del otro, de ahí que si no se paga uno de los
dos la demanda en Construcción Ilegal es pasible.
Ley 6232 de 1963

3333
Esta ley crea la Dirección General de Edificaciones,
dependiente de la Secretaría de Estado de Obras Públicas,
cuya misión es velar por que se de cumplimiento a todas la
normativas relativas sobre edificaciones, ya sea que se trate
de construcción, reconstrucción, ampliación o alteración de
un edificio o de cualquier otra estructura pública o privada y
sin perjuicio por consiguiente, de la facultad que tengan o
que pudieren tener los organismos correspondientes para
dictar, de acuerdo con sus atribuciones, leyes,
disposiciones, reglamentos y ordenanzas de la naturaleza
indicada.
Otras Leyes Municipales
LEY 5150 DEL 3 DE JUNIO DE 1959 QUE CREA LA
DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES e INTRODUCE
ALGUNAS MODIFICACIONES A LA LEY 675.

Dicha dirección tiene además las siguientes atribuciones:Dicha dirección tiene además las siguientes atribuciones:
– Tramitar la revisión de los planos para edificaciones en
general
– El control, dirección y centralización de los servicios de
diseños,
– Todo lo relativo a la revisión, aprobación de los proyectos
y planos (art. 3 crea la Oficina Central de Tramitación
de Planos, que a su vez es una dependencia de la
Dirección General de Edificaciones), para urbanización,
incluyendo los elementos de ornato, y sin las cuales no
podrá otorgarse autorización para urbanizar, conforme a
los artículos 2 y 5 de la ley 675.
Ley 5150

A través de esta norma se encomienda ya no sólo a los ingenieros la
realización de los planos de construcción, sino también a los arquitectos,
modificando en ese sentido el art. 4 de la Ley 675, sin embargo en ambas
normas se contempla que dichos planos deben ser presentados al Consejo
Administrativo u autoridad Municipal correspondiente, que en la actualidad y
conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 6232, lo es la Oficina de
Planeamiento Urbano, esto indica entonces que los planos de toda
construcción deben ser tramitados en principio a través de la Oficina de
Planeamiento Urbano, quien luego de autorizarlos, deberá tramitarlos hacia la
Dirección Nacional de Edificaciones (Oficina Central de Tramitación de
Planos), quien los revisará y también aprobará, sin que esto implique que la
aprobación realizada por la Oficina de Planeamiento Urbano vincule a la
Dirección General de Edificaciones.
Ley 5150

Sin embargo lo que sí es deducible es que las autorizaciones de uso de
suelo, así como los planos deben ser aprobados tanto por la oficina de
planeamiento urbano, como por la Oficina de Tramitación de Planos
adscrita a la Dirección General de Edificaciones del Ministerio de
Obras Públicas, ambas instituciones deben dar su aprobación en los
proyectos de edificaciones que se dispongan a realizar, de faltar
cualquiera de esta autorización, la construcción devendría en ilegal.
Ley 5150

Esta norma no establece ningún tipo de sanción,
sin embargo su inobservancia se sanciona
conforme a las disposiciones de los articulados
de la ley 675 que contemplan la construcción
ilegal.
Ley 5150

Esta norma atribuye competencia al Ministerio de Obras
Públicas para que pueda emitir las autorizaciones para la
instalación en todo el territorio nacional de tanques para el
depósito o almacenamiento de combustibles, y establece
además todos los requisitos que debe observar dicho Ministerio
previo a emitir una autorización de esta naturaleza.
Para ello el Ministerio de Obras Públicas, emite una resolución
autorizando, siempre que se cumplan con los requisitos
dispuestos en la ley, en enterramiento de los tanques
correspondientes.
Ley 1728 de 1948 sobre Enterramiento de
Tanques de Combustibles

Cabe señalar que las autorizaciones que
dispone esta norma a cargo del Ministerio no
son excluyentes de las autorizaciones que debe
dar la autoridad municipal, indicando si el
suelo está apto para tal instalación (ver
párrafo II del artículo 1 y artículo 9).

Las autorizaciones concedidas en esta materia se
emiten por un período de 10 años, pudiendo
renovarse al noveno año (ver artículo 4).
Vigencia de la Autorización

Las sanciones que se contemplan en esta norma se
encuentran en el artículo 11 el cual dispone que toda
violación a la ley, al reglamento que dicte el Poder
Ejecutivo con relación a ella o a las autorizaciones que
se concedan de acuerdo con ella, se castigará con
multa de cien a diez mil pesos, y las sentencias podrán
ordenar el retiro de los violadores de cualquier obra o
parte de obra construida en infracción de esta ley, sus
reglamentos o las autorizaciones concedidas, siempre
que dicho retiro sea solicitado por el Ministerio de
Obras Públicas o por el Ministerio Público.

Esta Resolución fue emitida por el Ayuntamiento
del Distrito Nacional como reglamento a regir en
las construcciones, instalaciones y operación de
establecimientos destinados al expendio de
gasolina y otros combustibles de naturaleza
similar.
Resolución 28/66 de 1966 sobre Construcción, Instalación y Operación
de establecimientos destinados al expendio de gasolina y otros
combustibles de naturaleza similar

En esta se establecen los requisitos para las
instalaciones de las Estaciones de Servicios y
Puestos de Gasolina y al efecto se dispone que las
mismas no podrán erigirse sino cuando cumplan las
siguientes condiciones:
A) Se encuentren a 50 metros de estaciones o
subestaciones eléctricas;

B) A 75 metros y una calle de por medio de cualquier
construcción destinada o proyectada para Escuela,
mercado, hospital, iglesia, teatro, cine, asilo, biblioteca,
plaza, parque, jardín público y de aquellos otros
establecimientos y lugares de carácter público o
institucional para los que la oficina de Planeamiento
Urbano correspondiente juzgare conveniente la
aplicación de tal medida;

C) A 200 metros de plantas de llenado de gas y otros
depósitos de materiales inflamables o explosivos;
D) A 200 metros de otro puesto de Gasolina o Estación
de Servicio aprobada o construida, cuando la ciudad tenga
una población inferior a 15 mil habitantes; cuando la
cantidad de habitante supere esta cantidad será de 350
metros cuando estuvieren localizados en una misma vía, y
será de 250 metros cuando se encuentren en vías
diferentes;

Cabe señalar que además de los requerimientos
anteriormente transcritos se establecen en esta resolución
otros requisitos atinentes al área perimetral que debe
contener el puesto o estación de gasolina; la visibilidad y
ubicación de la misma (ver artículo 5). Esta resolución
dispone además que las edificaciones e instalaciones para
el enterramiento de los tanques de combustibles y los
requisitos para dicha operación, se acogerán a lo dispuesto
por la Dirección General de Edificaciones de la Secretaría
de Estado de Obras Públicas, la que en estos casos se rige
conforme a la señalada Ley 1728.

El trámite y ejecución de los permisos para las construcciones,
instalaciones y operación de establecimientos destinados al
expendio de gasolina y otros combustibles de naturaleza similar se
inicia a través de la Oficina de Planeamiento Urbano, pero luego de
que dicha oficina emite su autorización el interesado cuenta con un
plazo de tres meses para requerir de la Dirección General de
Edificaciones el permiso para el enterramiento de los tanques; seis
meses para solicitar la licencia de construcción y un año para iniciar
la obra, esto indica entonces que ambas oficinas también aquí
trabajan de manera simultánea y los permisos u autorizaciones
emitidas por una no atan a la otra (ver artículo 8).

Esta resolución no contiene ningún tipo de sanción,
pero su desconocimiento conlleva el sometimiento por
construcción ilegal y se aplican las normas de la ley
675 sobre construcción ilegal.
Sanciones

Esta norma fue promulgada con la finalidad de legalizar y
reglamentar la instalación de estaciones de servicio o puestos para
el expendio de gasolina en las avenidas y calle principales de las
zonas residenciales, ya que hasta la fecha sólo existía la
resolución anteriormente detallada y aunque esta norma derogó
varias disposiciones de la resolución, ésta aún continúa vigente en
gran parte ya que las regulaciones de la resolución son más
amplias que las instituidas en la ley, ya que en principio ésta sólo
se votó para regular las zonas de Santo Domingo y Santiago, por lo
que para los demás casos sigue rigiendo la resolución. No obstante
esta ley también rige en los demás lugares del país, pero de
manera específica en lo atinente a las disposiciones del artículo 3,
ya que de lo contrario se rige por la resolución.
Ley 317-72 que reglamenta la instalación de estaciones de servicios o
puestos para el expendio de gasolina

Esta Ley faculta a la Oficina de Planeamiento Urbano
para que establezca cuales son los lugares de Santo
Domingo y Santiago, así como las calles y avenidas de
éstos en los cuales no se pueden instalar estaciones de
servicio o puestos para el expendio de gasolina. Sin
embargo se establece que en los lugares en que la
oficina no se haya pronunciado con tal prohibición,
podrán operar dichas instalaciones siempre que se
cumplan con los siguientes requisitos:

A) Cuando el solar mida por lo menos 50 metros lineales en
su lindero menos extenso y estén a una distancia mínima de
700 metros lineales uno del otro;
B) En los municipios no cabecera el lindero menos extenso
por lo menos de 40 metros lineales;
C) En ningún caso puede la estación ser erigida a menos de
200 metros (para Santo Domingo y Santiago) de las escuelas,
mercado, hospital, iglesia, teatro, cine, asilo, biblioteca, plaza,
parque, jardín público u otros establecimientos de carácter
público que la Oficina de Planeamiento Urbano juzgue
necesario, sin embargo si es para el interior del país que se
proyecta la instalación, la distancia requerida con relación a
dichos establecimientos es de 125 metros.

Las sanciones se encuentran contenidas en el
artículo 4 de la indicada norma y dispone que
las violaciones a las disposiciones de la ley
serán castigadas con multa de cien a quinientos
pesos o con prisión de dos a seis meses, o con
ambas penas a la vez, según la gravedad del
caso, pudiendo la sentencia ordenar la
destrucción de la obra que se haya erigido en
contravención a dicha ley.
Sanciones

• Esta norma fue votada con la finalidad de
mejorar la calidad del medio ambiente y
controlar la contaminación causada por exceso
de desechos en las calles, de ahí que la misma
tenga una notable afinidad con la ley 64-00
sobre medio ambiente, cuya competencia es del
Juzgado de Primera Instancia. No obstante esta
ley no fue derogada de manera expresa por la
64-00, de ahí que la misma, al no contradecirle
aún continúa vigente y sólo es considerada
como complementaria de la ley 64-00.
Ley 120 que prohíbe tirar desperdicios en calles y otros lugares
públicos.

Dentro de las prohibiciones contempladas en la ley se
encuentran:
1.- Tirar desperdicios sólidos y de cualquier naturaleza en las
calles, aceras, contenes, parques, carreteras, caminos,
balnearios, mares, ríos, cañadas, arroyos y canales de riego,
playas, plazas y otros sitios de esparcimientos y demás
lugares públicos;
2.- Se prohíbe a los propietarios e inquilinos de hogares y
establecimientos comerciales sacar basura, desechos o
desperdicios en horas distintas a las establecidas por las
disposiciones municipales correspondientes.
3.- Se prohíbe desorganizar la basura, rebuscar en ella, virar
los zafacones, romper los recipientes en donde hayan sido
depositados.
públicos.

• El artículo 6 atribuye de manera expresa la
competencia al Juzgado de Paz Municipal
para conocer las infracciones a esta ley.
Ver artículos 97 al 105 de la ley 64-00, y 174.5.6
Art. 34 ley 675 y comparar también con dicha ley.
públicos.
Competencia

• De 2 a 10 días o multa de quinientos a mil pesos o
ambas penas. En caso de reincidencia se aplica el
doble de la multa establecida y el máximo de la prisión
prevista.
• Cuando la infracción la cometa una persona moral la
sanción se aplica a sus representantes.
• Cuando se trate de una institución que se dedique a
ofrecer servicio privado de acarreo de desperdicios la
multa será de hasta 10 mil pesos.
públicos.
Sanciones

Como hemos visto hasta ahora en materia
municipal conocemos varias infracciones a las
normas municipales y las mismas se caracterizan
de diferentes formas, de ahí que la configuración
de cada infracción es independiente y depende
del presupuesto legal que se haya vulnerado.
Tipicidad de las infracciones
municipales

Delito de violación de linderos los elementos especiales para ello son los
siguientes:
– Levantamiento de una construcción;
– Que esa construcción se realice en una zona que reúna los
requisitos de zona residencial (ver art. 13);
– Que la construcción vulnere el espacio requerido por la ley;
– Que dicha construcción se erija a sabiendas de que se están
violando los linderos.
Hay que agregar que aunque la ley dispone un lindero mínimo para las zonas
residenciales, el Ayuntamiento tiene la facultad de limitar el mismo mediante
resolución, cuando así lo considere de lugar, siendo que dicha situación la
parte que lo alegue debe probarlo en juicio, a través de la autorización de los
planos correspondientes, de lo contrario se impone la norma.
municipales
Violación de linderos

- La Ley 687 y 675 en lo atinente al
responsable de la construcción estableen que
debe ser un Ingeniero o un Arquitecto, de lo
contrario la responsabilidad sigue en manos del
propietario. (art. 17.c Ley 687 y 4 ley 675).
- Personalidad de la pena.
municipales
Violación de linderos

• La edificación de una construcción
• Que esta construcción haya sido hecha sin la obtención de la
licencia correspondiente o sin la aprobación de los planos por
los organismos correspondientes, o también que los planos
hayan sido inobservados (variación de densidad);
• El elemento intencional;
- Ver art. 111, como el mismo no especifica que su aplicación es
para los sectores residenciales, se entiende entonces que en
aquellos sectores no residenciales se puede demandar por
construcción ilegal, a diferencia del de violación de linderos
en que sí se establece la distinción.
municipales
Construcción Ilegal

a) Un hecho material de arrojar desperdicios sólidos y de
cualquier naturaleza en las calles, aceras, contenes,
parques, carreteras, caminos, balnearios, mares, ríos,
cañadas, arroyos y canales de riego, playas, plazas u otros
sitios de esparcimientos y demás lugares públicos; o sacar
basura, desechos o desperdicios en horas distintas a las
establecidas por las disposiciones municipales o
desorganizar la basura, rebuscar en ella, virar los
zafacones, romper los recipientes en donde hayan sido
depositados.
b) Que dicho material sea tirado en un lugar no apto para ello o
que exista prohibición de esta naturaleza;
c) Elemento subjetivo.
municipales
Ley 120-99 sobre desperdicios sólidos (...)

Con relación a la infracción contenida en las leyes
1728 y 317 atinentes al enterramiento de tanques
de combustibles y Estaciones de expendio de
combustible, rigen las reglas de la construcción
ilegal en caso de que las mismas se instalen sin
los permisos de las autoridades competentes.
municipales

Con relación a la infracción contenida en las
leyes 1728 y 317 atinentes al enterramiento
de tanques de combustibles y Estaciones de
expendio de combustible, rigen las reglas de
la construcción ilegal en caso de que las
mismas se instalen sin los permisos de las
autoridades competentes.
municipales

El artículo 45 de la ley 76-02 dispones que la acción
penal prescribe al vencimiento del plazo igual al
máximo de la pena en las infracciones sancionadas con
penas privativas de libertad; sujetando a un mínimo de
tres años y aun máximo de 10 años dependiendo de la
infracción que se haya consumado, como en la especie
la sanción máxima es de un año de prisión, entonces se
aplica la prescripción máxima de tres (3) años, y por
aplicación del artículo 46 este plazo empezará a correr
a partir del día en que cese la continuidad de la
infracción, es decir que sólo empezará a correr a partir
de que haya cesado la infracción por tratarse de un
delito continuo o permanente.
Prescripción

En materia municipal rige como en toda
materia penal la libertad de prueba, no
obstante este sistema debe ajustarse a las
estipulaciones de legalidad previstos en los
artículos 166 y siguientes del Código de
Procedimiento Penal a los fines de ser
admitida como prueba válida.
Principales medios de prueba

A) Testimonio de personas.
B) Pruebas documentales como son las Actas de Infracción
levantadas por los inspectores y Certificaciones emitidas por
las entidades correspondientes.
C) Peritajes (que en su mayoría son acordados por el
tribunal a solicitud de parte en aquellos casos donde por su
complejidad haya necesidad de establecer una situación
determinada), en esta materia por lo general los
agrimensores del CODIA son los peritos por excelencia.
D) Las Inspección de los Lugares.
E) Las fotografías.

Las pruebas documentales son valoradas
atendiendo a la especialidad de la materia
y son introducidas mediante lectura al
juicio, por aplicación del artículo 170, 312 y
329 del Código Procesal Penal.

Es común que en esta materia se solicite al tribunal
la inspección del lugar mediante un traslado del
tribunal, contrastando esto con lo que es el proceso
penal, ya que este demanda de un juez imparcial y
limitado en la consecución de pruebas. Hoy en día
dicha actividad ha quedado en manos del
fiscalizador, quien como ente acusador debe realizar
los levantamientos correspondientes en el lugar de
los hechos.

Los incidentes son conocidos de conformidad
con lo estipulado en el artículo 305 del Código,
no obstante si alguna de las partes pretende
formular un incidente luego de transcurrido
dicho plazo, el juez debe valorar la pertinencia
del mismo, esto así porque el artículo 54 de
dicho Código conmina al Juez a que pueda
examinar aún de oficio aquellas excepciones.
Incidentes del proceso

Dentro de los principales incidentes que es común que
se presenten en esta materia tenemos los siguientes:
A) La falta de calidad que se conteste a la parte
acusadora o constituida en actor civil;
B) Las nulidades tanto de los actos como de las
resoluciones dadas por los Ayuntamientos;
C) La Declinatoria por conexidad o litispendencia.
(querellas y contraquerellas).
Incidentes del proceso
Principales incidentes

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