Bruselas ataja los desmanes fiscales de las multinacionales

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Fotografia: The New York Times
IMPOSTORES LEGALES.
Manfred Nolte
Margrethe Vestager, es la intrépida heroína de nuestros días que asalta con las
solas armas de la legalidad comunitaria a los poderosos que abusan de sus
privilegios, en este caso de sus privilegios fiscales. Comisaria europea de
Competencia, la danesa Vestager (Glostrup, 1968), es una de las figuras más
pujantes de la capital de Europa. Dedicada a la política desde los 21 años, ha
sido parlamentaria representando al Partido social liberal danés entre 2001 y
2014, líder de su partido entre 2007 y 2014 y Ministra de Asuntos económicos e
Interior entre 2011 y 2014. Meses atrás ha iniciado sus particulares batallas
titánicas contra la estadounidense Google o el gigante paraestatal ruso
Gazprom, frentes que Almunia, su predecesor, nunca logró embestir. También
sobre Fiat y Starbucks. Margrethe sigue la estela de otra dama de hierro, la
británica, pero a diferencia de aquella es ‘próxima, amable y extremadamente
educada’, según dicen quienes la conocen más estrechamente.
Ahora la Comisaria Vestager ha propinado un monumental puñetazo a la
inmunidad fiscal de una de las mayores multinacionales del planeta: la
tecnológica estadounidense Apple Inc. que diseña y produce equipos
electrónicos y software, con sede principal en Cupertino, USA y otra más
modesta en Dublín. Esta última es justamente la que ha destapado la caja de los
truenos. “Los estados miembros no pueden conceder beneficios fiscales a
empresas seleccionadas. Eso es ilegal bajo las reglas de ayudas de estado
comunitarias”, ha aireado la Comisaria Margrethe Vestager.
El tema en cuestión es el siguiente, relatado en dos tiempos.

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El primero: Apple tiene filiales en un sinnúmero de países a lo largo y ancho del
planeta, generando en cada uno de ellos un beneficio atribuible. Dicho beneficio
constituiría una base tributable relativa y arrojaría una cuota tributaria que se
ingresaría en las arcas de las haciendas de cada uno de los referidos países. Pero
aquí surge la ingeniería financiera. Con la ayuda de avezadas firmas contables y
costosísimos bufetes de abogados se logra maquillar de forma legal –mientras
no se demuestre lo contrario- las cifras de ingresos y sobre todo las de gastos
que debe soportar una filial Apple en cuestión. Es lo que se conoce en la jerga
tributaria de las multinacionales como la política de ‘gastos de transferencia’.
Las cuentas de resultados de las filiales en cada país se ven obligadas a soportar
una serie de gastos facturados por la central financiera que reducen
notoriamente sus beneficios locales. Así, participación en los costes de
estructura internacionales, propiedad intelectual, royalties, publicidad, imagen
de marca y otros. Todos esos gastos rebajan el beneficio atribuible de la filial, y
en consecuencia, la cuota impositiva ingresada en las haciendas de cada país
resulta despreciable. El grueso del beneficio se remansa en un centro de
facturación arbitrario, que en el caso que nos ocupa es la instrumental
financiera de Apple, en Dublín.
Segundo tiempo: Hasta aquí Apple ha desviado ‘legalmente’ los beneficios
generados por sus filiales europeas a Dublín, donde el tipo del impuesto de
sociedades es del 12,5%, muy inferior al de los EE.UU. y menos de la mitad de
la media de países Europeos, extremo que, debido a diversas circunstancias,
está autorizado por la Comisaría de competencia. Pero a los gestores de Apple
aun les ha parecido excesivo el tipo de gravamen irlandés y han acudido a una
nueva artimaña, que, según la Comisaria Vestager vulnera la legalidad
comunitaria: la firma con el fisco irlandés de un traje fiscal a la medida
denominado ‘tax ruling’. Según lo pactado, Apple se ha visto beneficiada
durante casi un cuarto de siglo por condiciones fiscales singulares que no son
aplicables al resto de sus competidores. Eso es lo que la Comisión califica de
ayuda de Estado, y es ilegal porque viola los principios de competencia del
mercado único europeo. Para dimensionar el fraude incurrido, y la consiguiente
lesión de los intereses de las empresas de la competencia, frente al referido tipo
del 12,5% aplicado ordinariamente a los beneficios de las sociedades, el ‘tax
ruling’ con Apple se fijó en 2011 en el 0,05%, por lo que los 16.000 millones de
euros de beneficios de dicho ejercicio proporcionaron a las arcas públicas
irlandesas apenas 10 millones de euros. En 2014 el pacto fijó el tipo real en el
0,005%. Como consecuencia de todo ello, la Comisaria Vestager exige ahora a
Apple que retorne al fisco irlandés 13.000 millones de euros, diferencia surgida
de la aplicación del pacto particular fraudulento.
Lógicamente, a Irlanda no le interesa admitir su sistema de privilegios y la
reputación del País como paraíso fiscal. Tanto Apple como las autoridades de la
Isla apelarán la decisión ante los tribunales europeos. En todo caso los plazos se
alargarán varios años, pero el precedente de la sagaz danesa, Comisaria de la
competencia, puede abrir el camino para erradicar una de las plagas legales que
afectan a nuestra convivencia fiscal.
El caso Apple, es uno más de una larga cadena. A principios de 2010, Google
dejaba atónitos a ciudadanos franceses y del Reino Unido, al conocerse la
noticia de que el mítico buscador evaporaba su carga impositiva en estos dos

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países transfiriéndola a otro de fiscalidad dulce, en este caso Irlanda, donde la
multinacional californiana tenía fijado su domicilio fiscal. Poco antes la
farmacéutica GlaxoSmithKline zanjaba una larga disputa con las autoridades
USA abonando 3.100 millones de dólares como sanción a una elusión mal
disimulada.
No mucho después, el ‘Comité de Cuentas Públicas’ del Parlamento británico
llamó a declarar a un puñado de gigantes globales que operaban en su territorio
al módico precio de poco o nada. Resulta que Google reportó ventas de más de
4.000 millones de euros en el Reino Unido en 2011 y apenas pagó 10 en
impuestos. Starbucks facturó 400 millones de libras sin dejar al fisco un solo
penique. Amazon vendió 3000 millones de libras y pagó dos. La Señora Hodge,
relatora y Presidenta del Comité reconoció que Google, Amazon y Starbooks
estarían cumpliendo previsiblemente con las leyes fiscales, lo que no le ha
impedido manifestar a los convocados que “no les estamos acusando de ser
ilegales, sino de ser inmorales”.
Ahora, presuntamente en el caso de Apple, también ilegales.
Por cierto, como Bruselas conoce el detalle de los impuestos que Apple –con su
ingeniería financiera- ha dejado de pagar en cada país europeo entre los años
2003 y 2014, la Comisaria Vestager anima a estos a tomar cartas en el asunto.
Lamentablemente, aunque la recomendación invita a ser tomada muy en serio,
las actuales circunstancias políticas en España de bochornoso vacío
institucional no parece la constituyan en una prioridad. Una auténtica lástima.