El Gobierno y los agentes sociales acuerdan minucias mientras las cuentas de la seguridad social abocan a unos déficits insostenibles.

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REFORMAS VALIDAS PERO INSUFICIENTES.
Manfred Nolte
En principio y salvo causas de fuerza mayor, hoy mismo tendrá lugar la
aprobación de la reforma de las pensiones en la que Gobierno, Patronal y
Sindicatos se hallan implicados por razones múltiples, no siendo la menor los
compromisos adquiridos por España con Bruselas en el contexto de las ingentes
ayudas que respaldarán en Plan de Recuperación de nuestro país.
Lo cual viene a confirmar el viejo dicho de que los arboles no dejan ver el bosque,
aplicable a cuando alguien no puede ver un asunto o una situación en su conjunto
porque está prestando atención a los detalles.
La micro reforma en curso atañe a la revalorización de las pensiones ligada al IPC,
y al nuevo sistema de jubilaciones anticipadas. El factor de sostenibilidad
aprobado de 2011 y que en todo caso entraría en vigor en 2023, se sustituirá por
un índice de equidad intergeneracional que entraráen vigor en 2027, un referente
difuso “que servirá para revisar el sistema en función del equilibrio entre la
población ocupada, la pensionista y el gasto global” según Fedea. Es posible que
se omitan en esta ocasión las medidas referentes a los planes de empleo, una
iniciativa que venía cobrando una relevancia creciente.
Solo con lo expuestoqueda claro que hablamos de arboles puntuales y dispersos,
separados en el tiempo por fechas y objetivos que pocas veces se cumplen y que
nos impiden contemplar el bosque, esto es, la auténtica jungla conceptual que
representa nuestro sistema de pensiones.
Aprovecharemos, en consecuencia, la oportunidad, para establecer una
panorámica del futuro del sistema de las pensiones públicas en España. Un
sistema que en su estructura actual es imposible. Las proyecciones se toman de
fuentes fiables, el Tribunal de Cuentas, el Banco de España y la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF.

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La basede partida esque nuestrosistema de prestación definida, una caja cerrada
de solidaridad intergeneracional no da para lo que se necesita y menos aun para
lo que se pide. Lo que se pide trasciende en muchas ocasiones la caja cerrada y
constituiría una subvención. De subvencionarse las pensiones se pasaría a
hacerlo con igual justicia con los mileuristas, los parados, los emigrantes, así
hasta la explosión de los presupuestos públicos. La intervención del Estado para
completar la financiación de los gastos de la Seguridad Social vía impuestos
supondría una alteración del modelo contributivo en que se basa el sistema.
La caja tampoco da para lo que se necesita por algunas razones decisivas.
Por ejemplo, los resultados económico-patrimoniales negativos de la seguridad
social acumulados entre 2010 y 2018 ascendieron a 115.022 millones de euros
incidiendo en el patrimonio neto, que se ha tornado negativo desde 2016 hasta
2018. La causa básica reside en el distinto ritmo de crecimiento del gasto medio
anual por pensionista (aumento del 18,73 %) respecto al del ingreso medio por
afiliado (disminución del 1,28 %). El déficit entre prestaciones económicas a
jubilados y los pagos de los cotizantes ascendió entre 2011 y 2018 a 134.201
millones de euros, una carencia de cobertura del 18%.
La previsión de liquidación del Presupuesto de 2020 estimaba un gasto no
financiero en ese año de 171.785,0 millones de euros con un déficit de -19.769
millones. Este déficit solo se debió en parte a los efectos de la pandemia sobre las
cotizaciones y las prestaciones. La prórroga de los presupuestos de 2020 incluía
un préstamodel Estado como el de años anteriores, por 13.830 millones de euros,
que se vio aumentado con otros 16.500 millones para hacer frente a la crisis
COVID. El Presupuesto consolidado de la Seguridad Social para 2021 estima un
gasto de 171.840,8 millones de euros, con unos ingresos de 157.547,6 millones y,
por tanto, un déficit de -14.293,2 millones de euros, en torno al -1,3 % del PIB
previsto para 2021. La aportación atípica de 2020 para sufragar las necesidades
derivadas de la pandemia desaparece del Presupuestode 2021 y se formaliza una
nueva transferencia, con carácter permanente, que este año se cifra en 13.929,0
millones de euros. Como puede observarse la apelación a los presupuestos
ordinarios se constituye en fuente complementaria habitual de financiación de
las prestaciones según prevé la Ley 11/2020, de 30 de diciembre. Aun así, el
déficit financiero de la seguridad social parece haberse enquistado en torno al -
1,5 % del PIB desde 2014. Como es lógico el Tribunal de Cuentas ha declarado
(2020) que “no existe ninguna razón que justifique que este endeudamiento se
mantenga en el balance de la Seguridad Social” y que lo razonable “es que se
adoptan soluciones para su saneamiento definitivo”. Resulta evidente, en
cualquier caso, que la asunción por el Estado de determinadas partidas de la
Seguridad social no resuelve el problema de insuficiencia financiera del sector
público en su conjunto.
Son muchas más las debilidades de nuestro sistema, pero la precariedad de
nuestro espacio escrito hace que nos remitamos a una única sugerencia
francamente impopular, si de verdad queremos acercarnos al equilibrio
financiero de nuestras pensiones: se trataría de cambiar el importe de la pensión
inicial, ajustando a la baja su tasa de sustitución respecto al salario medio de la
economía.

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El Banco de España ha hecho hincapié en repetidas ocasiones en dos aspectos
relevantes del actual sistema de pensiones: la contributividad excesiva y la
rentabilidad atribuida a los ingresos de los afiliados durante su vida laboral
activa. El resultado en nuestro modelo es una contributividad actuarialmente
incorrecta por exceso. El Banco de España lo cuantifica: un pensionista recibe a
lo largo de su jubilación 1,74 euros por cada euro de contribución aportado o
dicho de otro modo los pensionistas reciben un 74% más de lo que cotizaron,
siempre según el Banco de España.
Como es lógico las contribuciones merecen una rentabilidad, que nuevamente el
emisor central establece en el 3,5% anual. Este 3,5% debe compararse con la
rentabilidad de la deuda del estado a diez años que, al día de hoy, es del 0,45%
anual, lo que nos lleva a la conclusión de que la rentabilidad atribuida al fondo de
las pensiones es casi diez veces mayor que el coste de la financiación del Estado
en los mercados.
Con una óptica de largo plazo, las proyecciones del gasto en pensiones y de sus
ingresos muestran una disociación creciente. Mientras las cotizaciones sociales
evolucionan al mismo ritmo que el PIB nominal, el gasto en pensiones muestra
una trayectoria entre 4 y 6 puntos porcentuales superior al PIB en los próximos
treinta años.
En el contexto analizado, las reformas que hoy acomete el ejecutivo de Sánchez
son poco menos que minucias.